La segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra el exportavoz parlamentario de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se encamina hacia su archivo judicial. La razón es estrictamente procesal: la mujer que presentó la denuncia ha decidido no ratificarla ante la magistrada encargada del caso, un paso imprescindible para que la causa pueda continuar.
La decisión ha sido comunicada este viernes 13 de marzo por el despacho de abogados que representa a la denunciante, que ha explicado que la mujer no se reafirmará en su testimonio ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid. Sin esa ratificación formal, el procedimiento queda sin el impulso necesario para seguir adelante y previsiblemente terminará archivado.
La ratificación ante el juez, un paso imprescindible
En el procedimiento penal español, cuando una denuncia se presenta sin comparecencia directa ante el juzgado, es necesario que la persona denunciante ratifique posteriormente su relato ante el juez o la jueza. Ese trámite confirma que mantiene la acusación y permite iniciar o continuar la investigación.
En este caso, aunque el juzgado había admitido a trámite la denuncia la semana pasada, la falta de ratificación deja la causa sin base suficiente para continuar con las diligencias. Por ese motivo, las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que el caso terminará archivándose de forma provisional.
El propio despacho de la denunciante ha reconocido que la no comparecencia ante la magistrada supone no dar "ese paso necesario", aunque ha señalado que están estudiando fórmulas para que el procedimiento pudiera continuar.
Qué denunciaba la mujer contra Errejón
La denuncia relataba unos hechos que supuestamente habrían ocurrido en octubre de 2021 en Madrid. Según el escrito presentado ante el juzgado, la mujer y Errejón habían iniciado contacto meses antes a través de mensajes en la red social Instagram, con conversaciones que se prolongaron durante un tiempo.
Posteriormente, ambos coincidieron en una fiesta en la capital. De acuerdo con el relato incluido en la denuncia, en ese encuentro el político le habría pedido que le practicara sexo oral en un contexto de presión y consumo de drogas, algo a lo que ella afirma haber accedido de forma renuente.
Tras abandonar la fiesta, ambos se habrían desplazado al domicilio del exdiputado. La denunciante sostenía que allí el político le introdujo los dedos en la vagina pese a su negativa y que, en ese momento, se aproximó a su oído para decirle frases como "si gritas será peor" o "si te resistes será peor", que el escrito interpretaba como una intimidación directa.
El relato añadía que posteriormente, ya dentro de la vivienda, Errejón la habría sujetado por el cuello y penetrado vaginalmente sin su consentimiento, pese a que ella le habría pedido reiteradamente que se detuviera.
Estas acusaciones forman parte exclusivamente del contenido de la denuncia presentada ante el juzgado y no han sido investigadas judicialmente, ya que el procedimiento no ha llegado a desarrollarse tras la decisión de la denunciante de no ratificar su testimonio.
Contexto: la denuncia de Elisa Mouliáa
Esta segunda denuncia se conoció meses después de la presentada por la actriz Elisa Mouliáa, quien también acusó públicamente a Errejón de haber protagonizado comportamientos sexuales no consentidos durante un encuentro en 2021.
El caso generó una fuerte repercusión política y mediática, ya que el entonces dirigente de Sumar había sido uno de los principales referentes del espacio político a la izquierda del PSOE. Tras hacerse públicas las acusaciones, el exdiputado negó haber cometido ningún delito y defendió que las relaciones fueron consentidas.
La denuncia de Mouliáa abrió un debate público sobre los límites del consentimiento y el comportamiento de figuras públicas en contextos privados, aunque el procedimiento judicial tampoco llegó a derivar en una condena.
Un archivo que no entra en el fondo del caso
El archivo que previsiblemente acordará el juzgado en esta segunda denuncia no supone una resolución judicial sobre los hechos relatados. En términos jurídicos, se trataría de un archivo por falta de impulso procesal, al no haberse ratificado la denuncia.
Esto significa que el juez no llega a valorar el fondo de la acusación ni la veracidad de los hechos denunciados. Simplemente constata que el procedimiento no puede continuar sin la confirmación formal del testimonio por parte de la persona denunciante.
Como ocurre en otros procedimientos similares, la causa podría reabrirse si la denunciante decidiera retomar la acusación dentro de los plazos legales establecidos. Mientras tanto, el caso quedará previsiblemente archivado en sede judicial.
