Doble vara de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder del Ejecutivo regional ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de posibles problemas en los servicios públicos de su competencia por el nuevo sistema de financiación autonómica, a la par que reduce anualmente los impuestos a los más ricos y recorta las partidas destinadas a sanidad o educación, que desvía a la privada.
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"No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid. Quizás es lo que están buscando para luego ponernos la pancarta y seguir con el negocio corrupto", ha asegurado la presidenta madrileña, que denuncia "chantaje, ilegalidad y falta de solidaridad".
Una polémica que surge por el nuevo sistema de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez, pero que ocurre cuando el Gobierno regional ejecuta un presupuesto ideológico que está yendo, precisamente, en contra de la financiación de los servicios públicos.
Menos impuestos para ricos y recortes en Sanidad
La presidenta madrileña alega que el nuevo sistema de financiación provocará un agujero en las cuentas regionales, pero la realidad es que reduce anualmente e incluso elimina sus propios tributos.
Entre otros aspectos, la Comunidad de Madrid bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio, lo que ha librado a los más ricos de pagar un tributo en uno de los territorios más desiguales del país.
Madrid es la región con uno de los niveles de desigualdad económica más altos del país, con un índice de Gini superior a 31 y un 20,9% de su población, es decir, 1,46 millones de personas, en riesgo e pobreza o exclusión social.
Una región que actualmente lidera la desigualdad en distribución de renta, con un 1% de la población acaparando cerca del 35% de la riqueza, en un territorio marcado por altos precios de la vivienda y fuerte polarización laboral entre distritos acomodados y humildes.
Solo en 2022, con este contexto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso libró a 22.185 ricos de pagar una media de 56.782 euros de impuestos por cabeza, una cifra para los patrimonios más altos que podría haber sido destinada a fortalecer el estado del bienestar, fortalecer la sanidad o educación publicas; así como mantener los precios del abono transporte en la región.
La oposición ha denunciado que las rebaja fiscales a las rentas más altas han supuesto una merma para las arcas regionales de 5.000 millones de euros, mientras se ejecuta un presupuesto que no cubre las necesidades en Sanidad y que anualmente se aumenta con pagas extraordinarias para solventar los pagos a empresas adjudicatarias, especialmente el Grupo Quirón.
La prioridad de la sanidad pública queda patente en un dato. La Comunidad de Madrid es, por sexto año consecutivo, la autonomía que registra un menor crecimiento en su dotación sanitaria per capital: 1.5537,28 euros pro habitante, tan solo 55,03 euros más que en 2025. La media nacional se sitúa en 2.013 euros por ciudadano, por lo que este territorio destina mucho menos a pesar de ser la región más rica.
Este gasto reducido se transforma en elevadas listas de espera y problemas de accesibilidad principalmente a la atención primaria. También en el cierre de urgencias extrahospitalarias, dejando a localidades y barrios alejados de un hospital sin un médico de guardia.
Un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, con recortes y privatizaciones, en la región más desigual de España, que evidencian cuál es el modelo ideológico a aplicar desde la Puerta del Sol.
