La Comunidad de Madrid ha dejado, en la práctica, sin actividad a las comisiones mixtas creadas hace más de 15 años para vigilar y hacer seguimiento de los contratos de varios hospitales de gestión privada integrados en la red pública. Estos órganos, formados por representantes de la Administración y de la empresa adjudicataria, nacieron en la etapa de Esperanza Aguirre como una capa de control. Se encargaban de revisar la ejecución del contrato, su cumplimiento y, entre otros asuntos, el balance económico anual.
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Según la documentación y el seguimiento de varios medios, las comisiones vinculadas a Quirónsalud (para el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital Universitario General de Villalba, además de la Fundación Jiménez Díaz) no se reúnen desde el 19 de mayo de 2023, pese a que su reglamento fijaba convocatorias periódicas. En paralelo, la comisión del Hospital Universitario de Torrejón (gestionado por Ribera Salud) sí habría celebrado una reunión en 2024, aunque persisten dudas sobre la publicación del acta.
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sostiene que estas comisiones "no se han convocado" por no haber asuntos que tratar sobre el contrato y defiende que el control se realiza de forma ordinaria y permanente a través de varias direcciones generales e inspecciones.
Hospital público de gestión privada
Un hospital público de gestión privada es un centro que forma parte del sistema sanitario público (atiende a pacientes derivados del SERMAS, con cartera de servicios pública y financiación pública), pero cuya gestión diaria se adjudica a una empresa mediante un contrato. Es decir, el hospital es público por su función y financiación, pero la operación (personal, organización, compras, logística y parte de la gestión asistencial) la lleva un concesionario privado bajo unas condiciones pactadas y supervisadas por la Administración.
En la práctica, el contrato fija qué debe prestar el hospital, con qué estándares, cómo se remunera el servicio y qué indicadores se controlan. Por ello, el punto sensible siempre es el mismo: que existan incentivos a optimizar costes y seleccionar actividad, y que el control público no sea lo bastante robusto para evitar desviaciones.
¿Qué significa que las comisiones no se reúnan?
Que estas comisiones no se reúnan implica, sobre todo, una pérdida de un espacio formal y periódico de control y seguimiento del contrato. No significa automáticamente que no haya control, pero sí se debilita una pieza concreta del engranaje de fiscalización.
¿En qué puede afectar?
Puede impactar en áreas muy concretas del funcionamiento del hospital y del contrato:
Debate público
Por tanto, la noticia, no solo abre un debate sobre "qué órgano controla qué", sino sobre transparencia y trazabilidad: cuáles son los mecanismos que quedan para fiscalizar el cumplimiento de contratos sanitarios cuando los instrumentos diseñados específicamente para ese seguimiento dejan de operar.
