Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados destinada a garantizar todos los derechos de las personas intersexuales y no binarias. Entre ellas, se incluye un reconocimiento explícito, adaptación de documentos como el DNI o pasaporte con una tercera casilla (hombre, mujer o no binario), así como posibles indemnizaciones por cirugías no deseadas.
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La formación de Yolanda Díaz indica que la legislación incluye una definición para las personas no binarias, algo que hasta ahora no se contemplaba siquiera en el ámbito jurídico. "Pasarán a ser sujetos con derechos y garantizará su acceso a servicios básicos sin discriminación", recoge el texto de la norma.
Entre las medidas también se contempla el derecho a la reparación para aquellas personas intersexuales que hayan sufrido en el pasado "modificaciones genitales u hormonaciones sin consentimiento", facilitando de este modo su reconocimiento.
Además, la legislación también tiene como objetivo la prohibición de las intervenciones quirúrgicas en personas intersexuales menores de 12 años cuando estén motivadas por motivos estéticos o por cuestiones como asimilación de un determinado género, así como su despatologización en el ámbito de la sanidad.
Además, los padres de una persona intersexual recién nacida podrán dejar su sexo en blanco hasta que dicha persona pueda manifestar su identidad "real" y "sentida". Ahora se establece un plazo máximo de un año, pero Sumar quiere que se amplíe el plazo hasta que la persona tome conciencia y, mientras tanto, "se consignará la asignación de un sexo de crianza o social". Para ello, se modificaría el artículo 49 de la ley del Registro Civil.
Materias de diversidad
La norma que presenta Sumar en el Congreso de los Diputados y que ahora debe ser ratificada por la Cámara Baja también incluye incorporar al sistema educativo diversos contenidos para eliminar los estigmas y prejuicios contra este sector de la población española.
"Ser intersexual o persona no binaria en 2025 sigue siendo vivir en un mundo que ha establecido que hay que elegir entre solo dos casillas, y eso supone silenciar la verdadera identidad a muchísimas personas", ha defendido la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero.
La normativa incluye una disposición que establece un plazo máximo de un año para que todas las administraciones públicas asuman las medidas que incluye el texto, que debe contar con, al menos, la mayoría simple del Congreso para su tramitación.
