Política

Investigan a Xavier García Albiol por el desalojo de personas migrantes en Badalona

El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia que realizó el eurodiputado Jaume Asens en el B9 de Badalona.

Investigan a Xavier García Albiol por el desalojo de personas migrantes en Badalona

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP) por el desalojo de cientos de personas migrantes del antiguo instituto municipal B9 de Badalona.

Las diligencias parten de la denuncia penal que interpuso el eurodiputado Jaume Asens (Comuns), en el que apreciaba posibles delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y un delito de odio, en este último caso penado con cárcel. Además, Asens pedía investigar posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Las diligencias incluyen requerir al Ayuntamiento de Badalona sobre las actuaciones realizadas para el desalojo e informes de los Servicios Sociales sobre las actuaciones posteriores. También se cita como testigo a un periodista que publicó unas declaraciones controvertidas de un grupo de vecinos contrarios al realojo de los afectados.

La Fiscalía abre diligencias contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol
La Fiscalía abre diligencias contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol PP

El Consistorio defiende que cumplió escrupulosamente la resolución judicial y apela al dispositivo de Servicios Sociales que se desplegó en el viejo instituto. El alcalde llegó a afirmar que "no gastaría un euro" en dar realojo a los afectados, a los que tachó de "delincuentes".

Sin embargo, ahora afirma que se desplegó a un equipo de Servicios Sociales para atender a aquellos que lo necesitasen, que reclamó medio centenar de personas. El Consistorio ahora se ciñe a este operativo para justificar que cumplió con la resolución judicial.

Varias actuaciones judiciales

La apertura de diligencias de la Fiscalía llega después de que el Ministerio Público reclamara en diciembre explicaciones sobre la protección que se había ofrecido desde el Consistorio a todos los afectados.

Dicha información fue solicitada al juzgado contencioso-administrativo que había aprobado dicho desalojo. La juez señala que el operativo se debía efectuar "siguiendo el protocolo de asistencia para las personas sin techo de los servicios municipales a los efectos de prestarles la atención del programa de atención social", así como "remitiendo informe de lo actuado" al respecto. Se señaló también que "no había presencia de niños y mujeres permanente en el recinto".

La magistrada cita informes del equipo de detección y atención a personas en situación de sinhogarismo municipal. Allí se indica que "en el momento del lanzamiento y salida del bien inmueble, se activará un dispositivo municipal para atender a aquellas personas que hagan una demanda social concreta".

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