El juez instructor de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha imputado por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio al presidente de la siderúrgica Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, así como otros dos directivos de la empresa.
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El magistrado los cita a declarar como imputados por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI) con pleno conocimiento de que representa un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, cuyo material iba a ser empleado para fabricar armamento.
El tribunal recoge en un comunicado que es "de dominio público" que se está perpetrando un genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel, tal y como lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este territorio hay más de 65.000 muertos, desplazamientos forzados y bloqueo del acceso a la ayuda humanitaria.
Ventas sin autorización
El juez inició las pesquisas hace varios meses por una denuncia de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, pero se habían mantenido en secreto hasta ahora. Se investiga el proceso de venta de Sidenor a IMI sin la necesaria autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente.
Los investigados deberán declarar ante el juez como imputados el próximo 12 de noviembre. El juez considera que los abusos en la Franja de Gaza no son un secreto, ya que están publicados diariamente en prensa y están calificados provisionalmente como delito en el Tribunal Penal Internacional, así como denunciado en la ONU y la UNRWA.
El juez no solo apela a los tres imputados, sino también a la sociedad mercantil Clerbil S.L., que aparece como administrador único de Sidenor Holdings Europa. En todo caso, no actúa por el momento contra la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU como persona jurídica por el papel activo de sus empleados en denunciar los hechos e impedir que continuara con sus intenciones, según publica el diario El País.
El magistrado adopta esta decisión provisional sobre la sociedad siguiendo la directiva europea de protección de las personas informantes de corrupción, para defender el interés de los trabajadores en su papel de denuncia.
