El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) tuvo lugar el 18 de enero de 2026, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo descarriló e invadió la vía contraria, provocando la colisión con un Alvia de Renfe y dejando 46 muertes y más de 150 heridos.
En los días posteriores al siniestro, la Guardia Civil abrió una investigación judicial para esclarecer las causas del choque, centrándose en elementos técnicos como posibles roturas de carril o defectos de soldadura de la vía, entre otras hipótesis aún sin confirmación definitiva.
Sin embargo, el último informe policial remitido al juzgado pone ahora el foco en la actuación del personal de Adif. Según ese documento, trabajadores de la entidad retiraron, entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero, fragmentos de vía, conocidos como cupones de raíl, de la zona del accidente. Posteriormente, dichos fragmentos fueron trasladados a la base de mantenimiento AVE de Hornachuelos (Córdoba) sin notificar ni solicitar autorización judicial previa.
Cómo se dio cuenta la Guardia Civil y la defensa de Adif
La Guardia Civil se percató del traslado de los fragmentos el día 30 de enero, cuando agentes junto a personal de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se trasladaron a la zona cero a extraer nuevas pruebas y mediciones. Fue entonces cuando se enteraron de que los "cupones con las soldaduras" se habían trasladado hasta la base de Hornachuelos.
El responsable de mantenimiento de AVE que Adif tiene en Hornachuelos afirma a los agentes que recibió la orden del Jefe de Área de Adif para que este procediera a la retirada de los fragmentos.
Adif, ante esto, defiende su actuación argumentando que los restos fueron retirados tras finalizar la inspección inicial de las autoridades competentes y ante el riesgo de deterioro por haber quedado a la "intemperie". La entidad sostiene que los fragmentos siempre estuvieron disponibles para la investigación judicial y que no fueron manipulados ni alterados en el traslado a la base.
Cadena de custodia de pruebas clave
La disputa ahora centra la atención sobre la cadena de custodia de pruebas clave para determinar las causas del accidente. La Guardia Civil sostiene que Adif no avisó ni pidió autorización para retirar esos materiales y subraya que hasta el 28 de enero no se le comunicó autorización para acceder a la zona del siniestro, mientras la empresa insiste en que su decisión fue técnica y preventiva y que no obstaculizó la investigación.
