El Ayuntamiento de Alicante ha abierto un expediente de averiguación para aclarar cómo se produjo la adjudicación de varias viviendas de protección pública (VPP) en una promoción situada en Playa de San Juan, el residencial Les Naus, una de las zonas más cotizadas de la ciudad. La investigación se activa tras conocer que entre los adjudicatarios figuran cargos municipales y familiares directos de un alto cargo del Consistorio.
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La promoción corresponde a una urbanización de VPP ubicada en el entorno de La Condomina, con viviendas de nueva construcción y zonas comunes como piscina, gimnasio, club social y pista polideportiva y de pádel. Se trata de una de las pocas promociones públicas impulsadas en los últimos años en Alicante, en un contexto de fuerte demanda y con una lista de espera amplia para acceder a este tipo de vivienda protegida.
Según la información conocida, las viviendas habrían sido adquiridas por la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; por dos hijos de la directora municipal María Pérez-Hickman; y por Francisco Nieto, arquitecto municipal adscrito al área de Urbanismo.
Qué es una vivienda de protección pública y a quién se adjudica
La vivienda de protección pública (VPP/VPO) es un inmueble sometido a un régimen de precio y condiciones limitadas (por ejemplo, precio máximo, requisitos de compra y, en muchos casos, restricciones de reventa o alquiler). La idea es facilitar el acceso a personas y familias que no pueden asumir el mercado libre.
En la Comunitat Valenciana, el acceso suele pasar por dos filtros:
En este caso en concreto:
Se trata de VPP en régimen de compra, no de alquiler social, y las bases permitían umbrales de ingresos más amplios que los de otros programas más restrictivos.
En el caso de la responsable de Urbanismo, la adquisición es una vivienda en una quinta planta de 89,39 m2, cuya otra mitad adquiere su pareja en las mismas condiciones. El lote añade una plaza de garaje de 12,28 m2 y un trastero de 10,45 m2, por un importe que superó por poco los 200.000. Este tipo de viviendas, del mismo tamaño y obra nueva en la zona, duplican el precio.
En paralelo, dos pisos colindantes en la octava planta de uno de los bloques del residencial son los adquiridos por los dos hijos de María Pérez Hickman, actual directora general del Ayuntamiento de Alicante. Una de las viviendas cuenta con 89,97 m2 y la otra 79,90 m2, ambas con garaje y trastero. Y el precio oscila entre los 200.000 y cerca de los 230.000 el más grande.
La directora ya se ha defendido de las acusaciones y afirma que sus hijos "tienen el mismo derecho que otros" a acceder a estas viviendas y que no hay ninguna posibilidad de demostrar que ella haya influido en la adjudicación de ambos pisos.
Por último, Francisco Nieto ha adquirido un piso de 80,66 m2 ubicado en una tercera planta de esta misma promoción y, en su caso, con un importe que no supera los 200.000 euros. Además, se encuentra inmerso en una instrucción penal desde 2024. Se le acusa de favores al presunto jefe de una red de narcos, agilizando los trámites urbanísticos que permitían rentabilizar inmuebles que estaban supuestamente adquiridos con dinero que procedía de la venta de marihuana.
Cómo se está procediendo a la investigación
El alcalde Luis Barcala (PP) ha ordenado abrir dicho expediente de información y aclaración de los hechos para revisar el procedimiento y comprobar si se cumplieron los criterios o si existió algún tipo de "trato de favor".
Barcala ha asegurado públicamente que, si aparece "la mínima sospecha" de irregularidad, lo llevará a la Fiscalía. Además, afirma que le "importa" y "preocupa" el asunto hasta tal punto que ha nombrado como responsable de la investigación al secretario general del Ayuntamiento de Alicante. "No voy a dejar pasar este asunto en absoluto sin exigir hasta la última responsabilidad, sea quien sea y caiga quien caiga, afirmaba el alcalde.
