Desde el pasado 1 de enero de 2026, la normativa española obliga a todos los vehículos a llevar la baliza V-16 conectada. Esta medida ha generado un intenso debate en las últimas semanas en el ámbito europeo.
Algunos eurodiputados plantearon dudas sobre la posible incompatibilidad de esta obligación con el marco regulatorio de la Unión Europea. También se cuestionó el proceso de notificación utilizado por España para comunicar la medida a las instituciones europeas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de que la baliza pudiera ser impugnada.
La medida fue aprobada por el Gobierno español mediante los Reales Decretos 159/2021 y 1030/2022, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y proteger a los conductores en caso de accidente, evitando que deban salir del vehículo para señalizar una avería o incidente en la carretera.
Qué ha dicho la Comisión Europea al respecto
En este contexto, la Unión Europea se ha visto obligada a pronunciarse sobre la cuestión y ha aclarado que la baliza V-16 es legal y que no habrá ningún problema para utilizarla fuera de España.
La Comisión Europea explica que España no infringe la legislación comunitaria, entre otras razones porque actualmente no existe una normativa europea que regule específicamente este tipo de dispositivos. De hecho, las autoridades españolas se han apoyado en la prerrogativa que concede el Convenio de Viena sobre la circulación vial, que permite a los Estados introducir nuevos dispositivos de señalización.
Además, desde Bruselas también se ha respondido a las dudas sobre el procedimiento de notificación de la medida. Según la Comisión, no era necesario aplicar el procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535, ya que la obligación de utilizar la baliza no supone una restricción a la libre circulación de mercancías o servicios dentro de la Unión Europea.
"Un campeón de la seguridad vial"
Además, la Comisión Europea ha llegado a elogiar la iniciativa española, reconociendo que la baliza V-16 es "un campeón de la seguridad vial".
De hecho, España se sitúa actualmente por debajo de la media europea en víctimas mortales por millón de habitantes, con 35 frente a las 44 que registra el conjunto de la Unión Europea.
