José Ángel González Jiménez, hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional (el máximo operativo del mando), presentó su dimisión este martes día 17 de febrero. La renuncia llega después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid admitiera a trámite una querella contra él y le citara a declarar en calidad de investigado el próximo 17 de marzo.
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La querella la interpone una funcionaria de la Policía y su abogado, Jorge Piedrafita. En ella atribuyen al director supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
El instructor ha abierto diligencias y ha citado al denunciante y denunciado para esa fecha, mientras Interior encaja la salida del DAO en plena polémica por el caso y la investigación interna sobre posibles presiones a la víctima para que no denunciara.
Abril 2025: el relato de la querella
La querella sostiene que la presunta víctima "mantuvo en el pasado una relación de afectividad" con González y que esa relación "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta". Según el escrito, esa "situación de subordinación institucional" habría sido "instrumentalizada" para generar "una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica", pese a que la mujer "en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación". El abogado añade que no la rompía por "la presión psicológica" y por el "temor a represalias profesionales".
A partir de ahí, el texto sitúa el episodio principal el 23 de abril de 2025. La denunciante afirma que estaba trabajando en la Comisaría de Coslada cuando el DAO la llamó en "múltiples" ocasiones para "requerir su presencia". Ella dice que se negó por estar de "servicio", pero sostiene que, después, el jefe operativo ordenó que acudiera en un "vehículo oficial camuflado" hasta el restaurante donde comía con otro mando, desde donde se dirigieron a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior.
Una vez allí, la querella describe que, durante "15 a 20 minutos", él le propuso subir y que ella se negó "de forma verbal, expresa y reiterada", manifestando "su deseo inequívoco de marcharse y regresar a su puesto de trabajo". La denuncia añade que el querellado "insistiendo de forma obsesiva y manipulativa" habría logrado "doblegar la voluntad" de la víctima.
El escrito también afirma que los hechos "resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta" y describe la secuencia de la agresión denunciada con detalle: el querellado le habría dicho que "no puede irse" y habría insistido en actos sexuales "que la víctima rechaza de forma expresa en todo momento", antes de relatar tocamientos e introducción de dedos. La denuncia sostiene además que la víctima se negó reiteradamente cuando él le pidió que le besara y que, después, el querellado la habría sujetado y amenazado con forzarla, para finalmente describir que "se lava la mano" en el grifo de la cocina.
La querella ha sido admitida a trámite por el magistrado David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid.
Campaña de acoso tras los hechos
La querella sostiene que, tras lo ocurrido, la agente fue objeto de una "campaña sistemática" de llamadas, mensajes y presión para disuadirla de denunciar. Según su relato, el hostigamiento habría comenzado de inmediato y se habría prolongado durante semanas, con contactos insistentes y un tono intimidatorio y culpabilizador.
La denunciante añade que esa dinámica habría escalado después a un plano profesional, con gestiones a través de otros mandos para condicionar su situación laboral y frenar cualquier paso judicial. En paralelo, su abogado vincula ese contexto a un deterioro de su estado emocional: afirma que la agente está de baja psicológica, con retirada de armamento e incapacidad médica para el servicio, y enmarca todo ello en el impacto de lo denunciado y del presunto entorno de presiones posteriores.
Marlaska: "No sabía nada hasta ayer"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Congreso de los Diputados que desconocía la denuncia hasta que trascendió el caso y defendió que, de haberse sabido antes en el departamento, habría actuado de "inmediato". En ese contexto, vinculó su continuidad a la percepción de la denunciante: "Si la víctima siente que este ministro le ha fallado, renunciaré".
En paralelo, Marlaska anunció medidas internas: pidió explicaciones y una investigación para aclarar si hubo mandos que supieran algo o intentaran frenar la denuncia. Además, respaldó el apartamiento de Óscar San Juan, considerado mano derecha del exDAO, mientras se esclarece su papel en los presuntos intentos de coacción. También rechazó las acusaciones de encubrimiento y advirtió de acciones legales si se le atribuyen responsabilidades sin base.
