La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha impulsado una reforma de la ley de hidrocarburos que abre el sector petrolero del país a la privatización. La norma ya ha sido aprobada en la Asamblea Nacional, que controla el chavismo.
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El debate sobre esta ley ha sido especialmente rápido, como reclamaba Estados Unidos, que ha tomado gran poder de influencia en el país tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
"Hoy es un día histórico para la República, porque en medio de las adversidades hemos podido mantener en alto nuestra industria petrolera", ha celebrado el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta.
"Con el mantenimiento de los principios de soberanía e independencia y la propiedad que la República tiene de sus yacimientos vamos a hacer más competitivo el sector al permitir la contratación de empresas nacionales y extranjeras", ha incidido Rodríguez.
Acercamiento entre Caracas y Washington
El régimen venezolano ha reconfigurado completamente su política exterior tras la salida de Nicolás Maduro, con un claro acercamiento entre Caracas y Washington, bañado sobre todo por el petróleo.
Esta nueva legislación permite dar mayores garantías a las inversiones que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que está interesado en realizar en Venezuela, donde también quiere desplazar a los grandes aliados del chavismo, Rusia y China.
La norma ya ha sido correspondida desde Estados Unidos, después de que el Departamento del Tesoro haya emitido la licencia general 46, que autoriza transacciones con el gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA para facilitar los intercambios comerciales.
Este acercamiento se traslada a otras medidas, como el levantamiento de las restricciones a la actividad aérea con Venezuela y el regreso de los vuelos directos entre ambos países, que habían permanecido suspendidos durante los últimos siete años.
La nueva licencia restringe las transacciones con personas relacionadas con Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. Se abre también la posibilidad de que entren empresas privadas a través de contratos directos con PDVSA. Hasta ahora, solo se podía acceder al petróleo creando empresas mixtas en las que el Gobierno conservaba la mayoría accionarial y el control operativo, algo que ya cambia.
También se modifica la comercialización del petróleo, que hasta ahora gestionaba PDVSA en régimen de monopolio. Las empresas ahora pueden realizar comercialización directa y manejar los fondos en cuentas bancarias en el exterior. Además, el impuesto al Estado por extraer petróleo tendrá un tope del 30% y solo se podrá modificar a discreción del Gobierno. También se imponen exenciones tributarias a quienes realicen inversiones en el sector.
La presidenta Delcy Rodríguez tan solo ha concedido tres días de consulta pública tras reunirse con los grandes interesados en seguir haciendo negocio con PDVSA, como la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell. Esta norma ahora desregula el petróleo y abre la puerta a una nueva relación comercial con Estados Unidos.
