El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta a una complicada situación en Estados Unidos. En estos momentos no tiene recursos propios para enfrentarse al juicio en Estados Unidos, donde permanece tras haber sido extraído en Caracas por fuerzas del país norteamericano.
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El abogado de Maduro, Barry Pollack, ha solicitado formalmente a un juez federal de Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EEUU a liberar fondos del Estado venezolano para costear su defensa.
El letrado mantiene que impedir los pagos desde Caracas limita la capacidad de Maduro para contratar un abogado de su elección, algo que podría vulnerar garantías constitucionales. Por este motivo, ha pedido restablecer la autorización original y ha advertido de que, en caso contrario, podría pedir al tribunal que intervenga para revertir la situación.
La estrategia de defensa del ex presidente intenta presentar a Nicolás Maduro como un hombre procesado por una justicia extranjera, desvalido ante el sistema, alegando falta de acceso a las finanzas que garantizan su derecho básico a la defensa.
A la espera de juicio
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos en una operación relámpago en Venezuela. Después fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen en prisión preventiva en una cárcel metropolitana de Brooklyn.
Ambos enfrentan una acusación federal de amplio alcance por presunta colaboración con organizaciones del narcotráfico para enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Ambos se han declarado inocentes y, en caso de condena, podrían enfrentar cadena perpetua.
Desde la elección de Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ahora ejerce como mandataria interina, ha mantenido contactos con Washington en asuntos económicos y diplomáticos, a pesar de que sus partidarios siguen cuestionando la legalidad de su captura.
Ahora, la defensa de Maduro despierta reticencias. Estados Unidos no reconoce a su gobierno desde 2019 y respalda a la oposición como autoridad legítima. Autorizar que las arcas venezolanas puedan cubrir su defensa podría complicar la estrategia de la fiscalía para refutar los argumentos de Maduro, que mantiene que su captura fue ilegal y que, como jefe de Estado, goza de inmunidad, algo que EEUU rechaza.
