El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado la querella contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como varios altos mandatos del ejército, por asaltar y abordar la embarcación Madleen, en la Flotilla Libertad, el 8 de junio.
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La causa, que queda archivada, denunciaba el abordaje de la embarcación en aguas internacionales cuando se estaba dirigiendo hacia la Franja de Gaza para prestar asistencia humanitaria a la población víctima del genocidio.
El auto del juez se apoya en el informe de la Fiscalía, que se posiciona contra la admisión de la denuncia. Considera que todos los hechos no competen a la Audiencia Nacional por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y se remite a su persecución en el Tribunal Penal Internacional (TPI), donde ya hay una causa contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad.
La querella sostenía que "se utilizaron drones, gases lacrimógenos, armas no letales y se procedió a la detención arbitraria de los doce tripulantes, todos civiles desarmados, sin advertencia previa ni orden judicial, en ausencia de cualquier amenaza militar".
Según el texto, los detenidos fueron trasladados forzosamente a Israel, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a intentos de adoctrinamiento forzoso, con amenazas de obligarlos a visualizar material propagandístico.
Denuncia en España
La querella fue interpuesta en España por Sergio Toribio, miembro de la Flotilla Libertad en nuestro país; así como por el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Se dirigía contra Netanyahu, así como el ministro de Defensa, Israel Katz; el vicealmirante David Saar Salama, los altos mandos de la Unidad Shayetet 13, encargada del abordaje, y contra el excomandante y actual portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari.
Los denunciantes consideran que los hechos ocurridos son un delito de lesa humanidad, con detención ilegal y deportación; así como otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Los jueces se amparan en la reforma de la jurisdicción universal que impulsó el PP en 2014, por la que quedan acotados, defiende el juez, los límites de la jurisdicción española para investigar delitos cometidos fuera de España. Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o conflicto armado, donde solo se excluyen determinados casos.
Por este motivo, el magistrado rechaza y archiva la querella, invocando a la denuncia ya presentada ante el TPI, que en noviembre de 2024 decretó órdenes de detención contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant como máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, al menos, desde el 8 de octubre de 2023.
