La Audiencia Provincial de Badajoz ha enviado a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Junto a él, también se sentará en el banquillo el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que presuntamente creó el puesto como coordinador musical del conservatorio. La investigación, que cuenta con el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, señala que fue exclusivamente creada para David Sánchez Pérez-Castejón.
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La instrucción del caso ha dejado poco margen para la situación de David Sánchez, y los magistrados finalmente han optado por rechazar todos los recursos interpuestos en la causa. Los informes destacaron la presunta contratación ilegal del ex asesor Luis Carrero como ayudante directo de David Sánchez en la administración provincial. La Guardia Civil certifica la relación entre ambos, a través de la cadena de correos que intercambiaron sobre asuntos relacionados con el puesto de trabajo por el que están imputados.
Un puesto presuntamente creado a dedo
El auto determina que el hermano de Pedro Sánchez tuvo una participación activa en el proceso de selección de este puesto, como alto cargo, en la Diputación de Badajoz. "Habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la Ópera, y en segundo lugar al conseguir que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho", expresa el documento.
Además, se señala que, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se creó para él, se habría presentado a la convocatoria e hizo una entrevista para simular un procedimiento formal, aunque era el claro beneficiario, según aparece en el documento.
La causa tiene como acusación popular a Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, VOX, Iustitia y PP. Todos estos grupos reclaman una pena de prisión de tres años e inhabilitación para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, así como la devolución de todos los salarios que recibió de la Diputación de Badajoz.
