La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado el registro del domicilio madrileño de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, por un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narco Sito Miñanco, según publica El Confidencial.
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La operación parte de una investigación coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Udef, donde se han registrado las viviendas de otras dos personas que habrían actuado como testaferros de la trama.
La relación de Gonzalo Boye con Sito Miñanco era conocida, ya que había actuado como su abogado durante los procesos judiciales que había afrontado como narcotraficante. En 2018 fue su abogado en un juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra contra el capo y su familia, donde hubo una condena de cuatro años de prisión y seis millones de multa por blanqueo de dinero procedente del naroctráfico.
La última detención de Sito Miñanco se produjo el año pasado y, casualmente, fue ordenada por el mismo juzgado que ahora ha encargado el registro de la vivienda del abogado de Puigdemont.
Antecedentes por colaborar con ETA
Gonzalo Boye tiene antecedentes judiciales, ya que fue condenado por colaborar con ETA en los preparativos para secuestrar a Emiliano Revilla. La Audiencia Nacional le impuso una condena de 14 años por su intervención en el secuestro del empresario.
En la cárcel tuvo la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho, lo que le ha permitido ejercer actualmente como letrado. En 2004 se dio a conocer públicamente como abogado al ejercer como acusación en el juicio del 11-M.
Poco a poco, la mirada de Boye se dirigió a Cataluña, cuando defendió a los acusados por el asedio al Parlament y, posteriormente, acabó inmerso en el movimiento independentista cuando se hizo cargo de la defensa de Carles Puigdemont tras su huida a Bélgica.
