Tragedia en Collado Villalba (Madrid). Montse, una vecina de 63 años, murió el pasado 10 de diciembre después de haber permanecido varias semanas en la calle, en plena época de frío, tras haber sido desalojada por el Ayuntamiento de Collado Villalba.
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En el período que se vio obligada a dormir a la intemperie, no recibió una respuesta efectiva por parte de los Servicios Sociales municipales, como denuncian las entidades sociales.
Su desalojo se produjo el pasado 30 de septiembre en la calle Trinidad del municipio. Desde entonces, Montse pasó a estar en situación de calle, sin ningún tipo de alternativa habitacional, ni seguimiento social o acompañamiento institucional.
Solo pasaron dos meses desde ese lanzamiento hasta que Montse falleció en plena vía pública. La Asamblea de Vivienda de Villalba denuncia que su muerte era una tragedia evitable, consecuencia de unas políticas públicas que dan la espalda a las personas más vulnerables de la sociedad.
Un problema estructural
La Asamblea señala directamente al Ayuntamiento de Collado Villaba, así como a sus servicios sociales, por haber abandonado a una persona en plena situación de vulnerabilidad.
Además, señalan que este no es un caso aislado, sino parte de un problema estructural que ya tuvo consecuencias fatales en el pasado. Recuerdan el caso de Alfonso, que murió en 2020 poco después de ser desahuciado.
Las críticas se sustentan en datos oficiales. Collado Villaba se sitúa entre los municipios españoles con menor inversión en Servicios Sociales. Solo se destinan 39 euros por habitante al año a esta área, frente a más de 100 de media nacional, según datos del Ministerio de Hacienda y la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La falta de financiación deriva en falta de personal, altas listas de espera y falta de respuesta real a situaciones de emergencia. Esto se produce tras la devolución de más de 167.000 euros en fondos europeos dedicados a modernizar los Servicios Sociales del Ayuntamiento, gobernado por el PP. No se ejecutaron los proyectos y el Consistorio solicitó la extinción de los convenios, que podrían haber salvado vidas.
