En una escuela infantil de Algemesí (Valencia), la Policía Nacional detuvo a la propietaria y responsable del centro, una mujer de 55 años, tras la denuncia interna basada en grabaciones realizadas por trabajadoras. Se trata de la Escuela Infantil EVA, un centro con más de 30 años de actividad en el municipio.
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La investigación sitúa esos comportamientos en un periodo de al menos tres meses, tiempo en el que las empleadas han recopilado más de 70 vídeos para documentar lo que ocurría y poder denunciarlo.
Los vídeos muestran, presuntamente, un trato violento y vejatorio hacia menores de entre nueve meses y tres años : desde zarandeos y golpes hasta escenas en las que se fuerza a una niña a comer sujetándola del cuello o se utiliza la mano de un niño para golpear a otro. También se mencionan episodios de aislamiento en estancias sin vigilancia y momentos en los que algunos menores quedaban sin supervisión.
Podría estar ocurriendo desde hace años
Según cuentan algunos vecinos, dichos episodios ocurrían "desde hace años". Uno de ellos ha relatado que una de las comunidades de vecinos cercana a la escuela habría intentado denunciar con anterioridad, pero que al ser acusaciones tan graves y no tener pruebas suficientes no se había podido hacer nada. "Había insultos y gritos que no tocaban a niños de menos de tres años", afirmaba.
Por otro lado, Belén cuenta que llevó a su hijo hace 20 años y que tan solo duró unas semanas. En su testimonio afirma que vio cómo un niño lloraba desconsoladamente de cara a la pared y prefirió buscar otra guardería.
La investigación en manos del Juzgado de Instrucción de Alzira
La propietaria está siendo investigada por un presunto delito de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones y actualmente se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares: prohibición de acercarse o comunicarse con los menores y de trabajar con niños, además de no acudir al centro. La escuela permanece cerrada y la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana trabaja con el ayuntamiento para reubicar al alumnado.
Paralelamente, la Policía Nacional prevé citar a las familias para que puedan visionar las grabaciones y, si lo desean, ampliar o formalizar la denuncia.
