Los hechos se remontan al curso 2022-2023, durante un viaje escolar a la provincia de Málaga organizado por el Colegio Nuestra Señora del Loreto. En ese contexto, según el relato judicial difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el menor intentó agredir sexualmente a un compañero.
El caso se investigó después en la jurisdicción de menores y en las diligencias llegaron a figurar otros chicos. Sin embargo, dos eran inimputables por su edad (tenían 13 años entonces) y otros dos quedaron fuera del procedimiento al no haber pruebas suficientes para mantener la acusación. Por estas razones, el menor imputado es el único que se enfrenta a la pena impuesta.
La sentencia se dictó el 11 de febrero de 2026 por la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Valencia y se conoció públicamente el 18 de febrero de 2026. Es recurrible ante la Audiencia Provincial de Valencia.
El menor ya condenado se enfrenta a 15 meses de internamiento en régimen cerrado y a dos años de libertad vigilada, además de la obligación de seguir un programa formativo en igualdad y educación sexual. La sentencia añade una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante cuatro años y fija una indemnización de 17.400 euros.
El papel del colegio y cómo actuó cuando conoció los hechos
Según el relato difundido, el centro tuvo conocimiento en junio de 2023 de que en el viaje "presuntamente existieron conductas sexuales inapropiadas" y sostiene que, a partir de ahí, tomó "las medidas necesarias". También subraya que no es parte de un procedimiento penal y que no existe un procedimiento penal abierto contra el colegio, además de destacar que dispone desde 2019 de un protocolo de prevención y respuesta ante el acoso sexual a menores.
Días después de conocerse el caso, el colegio ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que mantenía una "vigilancia no explícita" sobre cinco alumnos sospechosos y que seguían asistiendo al centro; la dirección admitió que, pese a un alto ratio de profesores por alumno en salidas, "no existe riesgo cero".
En paralelo, en informaciones previas sobre la investigación, el propio centro explicó que, aunque la denuncia no llegó inicialmente a la dirección por parte de la familia, activó los protocolos previstos por la Conselleria de Educación. Con ello, informó a las familias y al profesorado, mientras los presuntos implicados seguían escolarizados a la espera de decisiones de la Fiscalía de Menores.
