La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves, 6 de noviembre, al empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain', investigado por el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros a Luis Pérez Fernández 'Alvise', líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) para financiar su campaña a las elecciones europeas de 2024.
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Romillo fue detenido por orden de la Audiencia Nacional para garantizar que acuda a declarar ante el juez instructor de la Sala Penal, Julián Sánchez Melgar, puesto que se había apreciado posible riesgo de fuga.
En el auto, el juez José Luis Calama ha decretado la "inmediata detención" de Romillo, conocido como 'CryptoSpain', para "prevenir una eventual sustracción a la acción de la Justicia" y, de este modo, "asegurar" su puesta a disposición judicial este viernes, 7 de noviembre, cuando se le había citado a declarar como imputado en la causa.
Financiación de Se Acabó La Fiesta
La investigación señala que Alvise, aforado como diputado en el Parlamento Europeo, le pidió presuntamente financiar su partido político, sin que constara en documentación alguna ni quedara reflejado en la contabilidad de la formación. A cambio, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario.
El juez destaca la "gravedad de los hechos y penas a ellos inherentes" así como "la disposición de grandes cantidades dinerarias en el extranjero" por parte del empresario, así como "la contundencia de las evidencias de que lideró su comisión" para decretar esta orden.
La detención se ha producido después de encontrar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) presuntamente estafados.
El juez señala la existencia de dos informes del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria aportados en la causa que destacan "sólidos indicios" de que el empresario "movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito, desarrolló un negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio personal".
Romillo está siendo investigado en la Audiencia Nacional por el club de inversión en criptomonedas Madeira Invest Club, que según el juez escondía "un entramado societario internacional" con sociedades y cuentas bancarias en el extranjero para "recibir los fondos de la estafa" y "blanquear" el dinero de los perjudicados.
El magistrado aprecia un delito de estafa agravada con afectación de una "generalidad de personas", otro de organización criminal y otro de blanqueo de capitales. Por este motivo, el empresario se podría enfrentar a penas de prisión que superan los treinta años.
El procedimiento se realiza de forma paralela a la confesión de Romillo, que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Por este motivo, se abrió una causa contra el eurodiputado por financiación ilegal, en la que Romillo también aparece como investigado. En su escrito a la Fiscalía, el empresario se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, procedentes de sectores diversos y con aportaciones significativas.
