El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha puesto en marcha el borrador de una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con la que quiere actualizar la protección de los trabajadores frente a riesgos cada vez más presentes en el empleo actual. Entre ellos destacan el estrés laboral, las jornadas prolongadas, los ritmos acelerados de trabajo y la presión constante derivada de la digitalización.
La idea de fondo es que la prevención ya no puede limitarse a evitar accidentes físicos o lesiones visibles. El enfoque del nuevo texto pasa por reforzar también la vigilancia de los llamados riesgos psicosociales, es decir, aquellos factores del trabajo que pueden terminar afectando a la salud mental, emocional o cognitiva de la plantilla.
Uno de los aspectos más relevantes del borrador es la importancia que concede a la desconexión digital. El Ministerio quiere evitar que la hiperconectividad, la disponibilidad continua y la invasión del tiempo personal por parte del trabajo se normalicen como parte de la rutina laboral, al considerar que también pueden generar daños sobre la salud de los empleados.
La desconexión digital gana peso en la reforma
La futura norma busca que las empresas integren de forma más clara este tipo de riesgos en su política preventiva. Eso incluye prestar atención a factores como la carga mental, la intensidad del trabajo, la organización de los tiempos o el impacto de las herramientas digitales sobre el descanso y la vida personal.
En otras palabras, la empresa no tendría que "controlar" emocionalmente a cada trabajador, pero sí prevenir y corregir condiciones laborales que puedan derivar en estrés o deterioro de la salud mental.
Además de esta reforma, Trabajo ha anunciado a través de un comunicado la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano que llevaba alrededor de una década sin actividad. El ministerio lo define como una herramienta "clave para garantizar el funcionamiento ético de las empresas en materia social".
En ese mismo comunicado, el departamento defiende que "nuestra sociedad ya no acepta que las empresas respondan solo ante sus propios beneficios" y sostiene que también deben hacerlo ante la ciudadanía "no en un mero ejercicio de marketing sino a través de hechos concretos", como el trato a sus trabajadores, la protección de los derechos humanos, la contribución a la igualdad o la respuesta frente a la emergencia climática.
