El empresario José Luis Aneri ha muerto a los 45 años. A pesar de que su nombre ya no copaba la actualidad, fue noticia después de que la Policía Nacional le detuviera como cabecilla de una trama que defraudó alrededor de 15 millones de euros en los cursos de formación que impartía la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre (PP).
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El caso no tiene sentencia y continúa obstaculizado en la compleja maraña judicial, a pesar de que su instrucción comenzó a finales de 2013, es decir, hace casi doce años. Una investigación que ahora se complica después de haber encontrado al principal cabecilla muerto repentinamente en su propia vivienda.
La investigación se ha mantenido paralizada durante demasiado tiempo en el juzgado de instrucción número 9 de Madrid. A pesar de todo, unas semanas antes de la muerte de Aneri, la Fiscalía Anticorrupción ya había presentado su escrito de acusaciones y se pretendía agilizar la investigación.
Sin embargo, el caso encuentra ahora un nuevo escollo. La repentina muerte de José Luis Aneri en su vivienda a los 45 años lleva al ministerio público a modificar ahora el documento de acusación, que tiene que excluir al cabecilla y a la persona que incluso dio nombre al caso, y que tampoco podrá señalar ya a nadie.
Escándalo en los cursos de formación en Madrid
José Luis Aneri era un empresario cordobés que lideró una trama para defraudar con los cursos de formación de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre en el Gobierno regional. Se alió con el ex presidente de la comisión de formación de la patronal madrileña, que sigue imputado, Alfonso Tezanos.
Aneri había creado empresas de riesgos laborales y después de formación, captando de este modo como clientes a las asociaciones empresariales para que sus afiliados impartieran cursos a través de internet. La Policía le detuvo en febrero de 2014 después de encontrar suficientes indicios de que se estaba quedando el dinero de las ayudas para cursos que no impartía. Algo que se había extendido durante años.
Los cursos eran totalmente ficticios, al igual que los alumnos. Los investigadores sospechan que se llegó a inventar hasta 15.000 beneficiarios de sus cursos, para lo que replicaba listados de nombres y DNI que lograba a través de asociaciones, boletines oficiales e incluso datos de afiliados del PP, que como ahora gobernaba la Administración que concedía los cursos.
Imputación de empresarios y cargos de la era Aguirre
En la fase de instrucción del caso Aneri también se imputaron a varios responsables de formación de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, aparecía Vicente Ferreras Carpintero, que era jefe de área de Formación Continua en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
También aparecen otros cargos, como el ex director general de Estrategia y Fomento del Empleo en la Consejería de Economía, así como la entonces directora general de Formación de la Consejería de Empleo, Patricia Herrero García-Ramal.
El caso también incluía a los líderes de la mayoría de colectivos empresariales. Aneri había declarado que pagaba mordidas a empresarios, que se quedaban con parte del dinero de las ayudas públicas destinadas a cursos que literalmente no existían.
El presunto fraude asciende a alrededor de 15 millones de euros. De esta cuantía, se reparten 4,4 millones de euros de fondos autonómicos y otros 11 millones de euros de fondos estatales. Por este motivo, se llegó a crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para depurar responsabilidades políticas. El PP continuó en todo caso gobernando la Comunidad de Madrid, el caso no obtuvo gran relevancia mediática y se quedó enquistado en los juzgados.
