El juez Lepoldo Puente ha acordado prisión para José Luis Ábalos. El ex ministro de Transportes enfrenta cárcel por el caso mascarillas. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares la reclamaban al apreciar riesgo de fuga, pero todo quedaba en manos del magistrado Leopoldo Puente.
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El juez instructor investiga una causa abierta por presuntos amaños de contratos en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Hasta ahora, había rechazado las peticiones de las acusaciones populares para su envió a prisión preventiva, lo que implicaba ser el primer diputado en activo (por el Grupo Mixto) en ser encarcelado en democracia.
Pero el horizonte de Ábalos se había complicado después de que Anticorrupción y las acusaciones populares hayan presentados sendos escritos de acusación, reclamando penas muy elevadas de prisión: son 24 años de la Fiscalía y 30 de las acusaciones para Ábalos; así como 19 años y medio y otros 30 para su ex asesor, Koldo García.
José Luis Ábalos ha alegado que no tiene intención de fugarse de España porque no tiene ahorros ni un lugar al que marcharse. Su abogado ha asegurado que el ingreso en prisión preventiva supondría una vulneración del derecho de los diputados a la representación política.
Cinco delitos
En la acusación de Anticorrupción, se fijan cinco delitos contra Ábalos y Koldo García: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. El ministerio público también reclama para ellos una multa superior a 3,9 millones de euros y una indemnización de 34.477,86 euros subsidiaria entre Ábalos y García para Ineco, así como 9.500,54 para Tragsatec, las dos empresas públicas presuntamente empleadas para enchufar a la ex pareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez.
En el caso del comisionista Víctor de Aldama, tan solo se pide una pena de prisión de 7 años porque se le aplica el atenuante de la confesión, ay que se ha autoinculpado en el caso y ha entregado documentación relevante para la causa.
Por el momento, la única persona que ha estado en prisión por esta causa es el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que el juez envió a prisión sin fianza el 30 de junio y mantuvo encarcelado hasta el 19 de noviembre.
El juez adoptó esta decisión por riesgo de destrucción de pruebas, dado su papel en la trama, aunque no apreció entonces riesgo de fuga. Finalmente, Santos Cerdán quedó libre después de que la Guardia Civil haya registrado las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, así como otras empresas vinculadas a la trama, donde requisaron dispositivos electrónicos y documentación.
