Diferentes personas, pero con argumentos idénticos, han presentado más de una decena de demandas para intentar frenar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Todas ellas se basan en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco cuestionando los trabajos arquitectónicos en la basílica.
El visto bueno a este documento lo ha dado un juez de Madrid que ya cargó en su momento contra la Ley de Memoria Histórica. Según El Diario, este magistrado ha suspendido cautelarmente el informe urbanístico que permitía la operación. Aún así, el Gobierno mantiene que el procedimeinto seguirá adelante porque esa decisión no afecta a la orden de ejecución de la exhumación. Aseguran que el proceso "no está aún en esa fase".
El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, ha recibido casi veinte demandas presentadas a fin de impredir que sean exhumados los restos del dictador. Por esto, ha decidido dictar un auto en el que suspende el visto bueno del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (municipio en el que se encuentra la basílica del Valle de los Caídos) para realizar las obras necesarias para sacar el cuerpo de Franco de su tumba.
Los recursos interpuestos son identicos, porque todos ellos se basan en un informe encargado por la Fundación Franco alertando del supuesto peligro físico que conlleva sacar el curpo del dictador de su tumba. Diferentes juzgados han recibido mensajes con el mismo argumento, los posibles derrumbamientos que se pueden provocar. En muchos de ellos se concluye que "el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto".
El informe de la Fundación
Daniel Sánchez Jaráiz, otro magistrado de lo contencioso-administrativo, ha desmentido ya varias de las demandas recibidas. Su decisión contrasta con la del juez Yusty, considerando que "dicha actuación urbanística no implica por sí misma una lesión al derecho fundamental del fallecido o sus familiares". Y añade que "no ha quedado justificado de qué modo sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida".
Por su parte, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, confirma la autoría del informe, pero niega que su organización lo haya distribuido. "Nosotros no lo hemos repartido. Aparece en una quincena de recursos, pero estaba publicado íntegramente". Tras esta ofensiva, el magistrado José Yusty Bastarreche, ha creído sus argumentos y suspendido el informe favorable sobre las obras emitido por el Ayuntamiento.
Una de las claves de la estrategia judicial es que sean particulares los que reucrren el informe urbanístico. Así, al alegar cuestiones de urbanismo, la ley permite personarse a cualquier persona, porque la acción es pública. Por otro lado, la personación se limita a los afectados directos, como son la familia de Franco y la abadía del Valle.
Un embrollo judicial
Todos estos recursos suponen un peligro para el proceso legal de la exhumación, ya que cada juez puede decidir según su criterio y es posible que se lleven la contraria entre ellos. Al respecto, los recurridos cuentan que "por eso hemos solicitado en cada caso que se unifiquen todos los procedimientos en una sola sede de manera que haya una decisión". Y añaden: "Esto lleva su tiempo, porque hay que dar traslado a las partes y guardar unos plazos".
También el Gobierno sositene que todos los procedimientos deben ahora agruparse en uno: "El asunto va a acabar en un único procedimiento, pero no en ese juzgado porque por el reparto le toca al primero que temporalmente recibió la primera demanda".
La respuesta del juez Yusty ha sido un auto de suspensión cautelar. Una decisión muy rápida, ya que el recurrente pidió medidas el 22 de febrero y el juez las concedió el 25 del mismo mes. El recurso aduce que el Consejo de Ministros del 15 de febrero, en el que el Gobierno dio por cerrado el procedimiento administrativo, "implica la inminencia de la citada exhumación". Por su parte, el magistrado concede que "la urgencia de la obra es, al menos, discutible" para susprender el proceso.
El Gobierno quiere conseguir con esta estrategia que "sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto, aumentando las probabilidades de que en alguno se dé la razón". Pero en el caso de que otro juez disponga de manera diferente, se puede producir una vuelta atrás y un nuevo embrollo judicial en torno a la exhumación, con nuevas instancias superiores implicadas.
