Adiós La Mafia se sienta a la mesa. La conocida cadena de restauración de inspiración italiana nacida en Zaragoza se enfrenta a uno de los golpes más duros a su identidad corporativa. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha declarado la nulidad de su marca en España al considerar que su denominación es contraria al orden público y a las buenas costumbres, en una resolución que da la razón a la República de Italia tras años de batalla legal.
El organismo entiende que el nombre utilizado por la compañía reproduce de forma directa el de una organización criminal real, cuya actividad sigue siendo una realidad vigente y no un fenómeno histórico o meramente literario. Por este motivo, la OEPM concluye que su utilización como marca comercial resulta incompatible con los principios éticos y morales reconocidos en los Estados miembros de la Unión Europea.
La decisión supone un paso clave en la estrategia del Gobierno italiano para impedir que la cadena continúe utilizando una denominación que considera ofensiva, especialmente por asociarse a experiencias positivas como la gastronomía, el ocio y la restauración.
Una batalla judicial que comenzó en Europa
El enfrentamiento legal entre Italia y el grupo empresarial se remonta a varios años atrás. En 2018, el Tribunal General de la Unión Europea ya ordenó la nulidad de la marca a escala comunitaria tras estimar que su uso suponía una banalización de la criminalidad organizada.
En aquella sentencia, la justicia europea consideró que el término hacía referencia directa a una organización criminal asociada a actividades como el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales o la corrupción. Además, subrayó que utilizar ese concepto en un contexto comercial ligado al ocio podía interpretarse como una forma de trivializar o incluso romantizar la violencia y el crimen organizado.
La reciente resolución española sigue esa misma línea argumental. Según la OEPM, permitir el registro y explotación comercial de una marca vinculada a la mafia podría resultar profundamente ofensivo para las víctimas de esta organización y para sus familias.
La presencia del crimen organizado en España
En su análisis, el organismo también recuerda que la mafia no es un fenómeno lejano a la realidad española. Desde hace años, distintos informes y operaciones policiales han señalado a España como uno de los destinos utilizados por redes criminales internacionales para el blanqueo de dinero, especialmente a través de inversiones en sectores como la hostelería, los hoteles o los restaurantes en zonas turísticas.
Este contexto refuerza la tesis de que la utilización del término en una marca comercial no puede considerarse neutral ni inocua desde el punto de vista social o jurídico.
Libertad de expresión frente a uso comercial
La defensa del grupo empresarial había sostenido que la denominación procedía de un libro de recetas titulado 'La mafia se sienta a la mesa' y que el uso del término forma parte de la cultura popular, ampliamente presente en el cine, la literatura o las series de televisión.
Sin embargo, los argumentos no han convencido a las autoridades. Los expertos en propiedad industrial que han participado en el procedimiento subrayan que no es comparable la utilización del término en una obra artística con su explotación en una marca comercial destinada a generar beneficios.
Desde esta perspectiva, la legislación europea y española establece límites cuando el uso de determinados signos puede resultar ofensivo o vulnerar valores fundamentales de la sociedad.
Posible cambio de nombre para la cadena
La decisión de la OEPM no implica todavía el final definitivo de la disputa, pero sí complica seriamente el futuro de la marca en España. La empresa dispone ahora de un plazo de un mes para presentar un recurso contra la resolución, algo que previsiblemente hará para intentar mantener su denominación.
Paralelamente, Italia ya ha acudido a los juzgados de lo mercantil de Barcelona con el objetivo de impedir que la compañía continúe utilizando el nombre en su actividad comercial. Si los tribunales fallaran a favor del país transalpino, la cadena podría verse obligada a abandonar definitivamente la marca que ha utilizado durante años.
Un grupo en plena expansión
La polémica judicial llega en un momento de crecimiento para la empresa aragonesa. Tras el impulso experimentado desde la pandemia, el grupo ha incrementado sus ingresos hasta alcanzar los 132 millones de euros en su último ejercicio, con un crecimiento cercano al 12%.
Actualmente cuenta con más de un centenar de restaurantes repartidos por España y mantiene ambiciosos planes de expansión que contemplan alcanzar los 200 establecimientos antes de que finalice la década.
Sin embargo, el conflicto legal abierto con Italia podría obligar a replantear su estrategia de marca en el mercado español, justo cuando la compañía atraviesa una de las etapas de mayor desarrollo de su historia.
