España deberá regular el denominado despido restaurativo. La Unión Europea (UE) ha ordenado a nuestro país implementar una norma que tiene como objetivo la revisión por indemnizaciones por despido improcedente que están actualmente en vigor.
Bruselas ha notificado al Gobierno de España, a través del Consejo de Europa, para reformar el sistema de indemnizaciones por despido improcedente, al considerar que actualmente el despido es demasiado barato para la buena marcha de la economía.
Esta orden no es nueva y ya se ha intentado canalizar a través de la coalición de Gobierno. La formación Sumar, de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, presentó en septiembre de 2025 una Proposición No de Ley (PNL) sobre despidos improcedentes que finalmente fue aprobada en el Congreso.
Esta iniciativa salió entonces adelante en el Congreso por el error de un diputado del PP en la votación. La medida instaba al Ejecutivo de PSOE y Sumar a llevar a cabo una reforma del sistema de despido, buscando que la modalidad improcedente sea disuasoria para empresas y restaurativo para los empleados.
La actual modalidad, que permanece en vigor desde la reforma laboral de Mariano Rajoy, implicó un cambio drástico: desde 45 días por año trabajado y con un máximo de 42 mensualidades, hasta 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. La última reforma de Yolanda Díaz no cambió este baremo, a pesar de exigencias de sindicatos y colectivos de trabajadores.
Despido restaurativo
La propuesta que ahora exige Bruselas es el denominado despido restaurativo, que consiste en un modelo para cambiar el actual despido improcedente, añadiendo de este modo daños y perjuicios por el despido como compensación.
Este mecanismo busca que no sea tan barato para las empresas el despido sin causas justificadas, sino también reparar el daño moral y personal que implica esta decisión para el empleado, no solo a nivel económico. La indemnización estaría vinculada a las circunstancias personales del empleado afectado.
Además de esta modalidad, la Unión Europea quiere que el sistema de indemnizaciones se adapte al artículo 24 de la Carta Social Europea, que contempla el derecho de los trabajadores a protección en caso de despido.
