Un hombre ha sido condenado por intimidar, coaccionar y discriminar a una familia gitana con dos hijos menores en su propia comunidad de vecinos. La sentencia parte del Juzgado de lo Penal nº1 de Badajoz, tras a denuncia de la familia en 2020, cuando encontró una pintada en su coche que decía: "Gitano, paga o vete", aunque la situación había comenzado antes.
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Las víctimas han contado con el apoyo de la Fundación Secretariado Gitano y se denunció ante la fiscalía especializada en Delitos de Odio y Discriminación. En la sentencia se indican dos delitos de coacción por comportamientos "molestos, humillantes y en conjunto denigratorios" con el "agravante de discriminación por razón de etnia".
El acoso contra la familia comenzó en 2014, cuando llegaron a la comunidad de vecinos. Comenzó presentándose en su puerta para exigirles ver en contrato de alquiler y que estaban legalmente, después llamó en dos ocasiones a la policía denunciando ruido "lo que no fue más que una excusa para molestarles", según recoge la sentencia, puesto que los agente comprobaron que no era así.
La sentencia expone cómo el acusado mantenía relaciones "de vecindad normales con todos los vecinos", pero cómo todo cambiaba por completo con la familia gitana. Este hecho, señala la sentencia, demuestra que su comportamiento no tenía "otro fundamento que la pertenencia a la etnia gitana".
La sentencia expone multitud de episodios contra la familia
El condenado afirmaba que la familia tenía una deuda con la comunidad, sin pruebas. Cuando la madre paseaba con sus hijos por la calle, le espetaba a gritos que no los educaba bien. También les prohibió utilizar el ascensor: "Ya que no podéis pagar, limpiad", les espetaba, a pesar de que dichas deudas eran desde la constitución de la comunidad, como aclaró el presidente.
La situación se empeoró durante la pandemia, con intimidaciones violentas. La madre ya no se atrevía a salir sola con sus hijos de casa. Hasta que presenciaron la pintada en el coche y decidieron mudarse de casa y denunciar el caso ante la Fiscalía, con apoyo de la Fundación Secretariado Gitano.
El tribunal reconoce este caso como una muestra de antigitanismo e impone el agravante de discriminación por etnia y origen. Las asociaciones en defensa de la población gitana muestran este caso como un mensaje para la sociedad, en el que los delitos de odio deben quedar fuera de toda impunidad.
