Economía

Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha

El nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos se retrasa tras las quejas de asociaciones y patronales.

Adiós Verifactu: por qué Hacienda retrasa su entrada en vigor y anuncia nueva fecha

Adiós Verifactu. El nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos impulsado por el Ministerio de Hacienda retrasa su entrada en vigor. La Agencia Tributaria lo comenzará a exigir desde el 1 de enero de 2027 para pymes y desde el 1 de julio de ese mismo año para autónomos tras las quejas de asociaciones y patronales. Este sistema iba a entrar en vigor con la llegada de 2026.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que tiene previsto cumplir varios compromisos pendientes con Junts, incluyendo una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debe entrar en vigor en tan solo un mes.

El sistema Verifactu retrasa su entrada en vigor
El sistema Verifactu retrasa su entrada en vigor Pexels

Ahora, la obligación de esta plataforma se retrasa en un año, por lo que será desde el 1 de enero de 2027 en el caso de aquellos que declaren el Impuesto de Sociedades y desde el 1 de julio para el resto, que principalmente son autónomos.

Cambios en sistemas: qué implica

Esta nueva medida implica adaptar los software de facturación para aquellos que no realicen facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel, así como generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, o incluir un código QR en cada una con el que acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

De forma resumida, esta nueva norma supone que, por obligación, se deberá generar un registro de facturación por cada nueva factura que se emita. Las empresas tendrán dos opciones, guardar la información en el sistema para cuando lo solicite la Agencia Tributaria o la modalidad Verifactu que, automáticamente, envía el registro a la Agencia Tributaria para que se responsabilice de dicho registro.

Junts había exigido retrasar esta obligación, aunque las patronales catalanas se habían pronunciado en el mismo sentido, sobre todo Pimec, que reclamó ayudas para su implantación. Según defendía, uno de cada cuatro empresarios calculan un gasto entre 1.000 y 6.000 euros en actualización de software y nuevos equipos. Además, más de la mitad de los asociados al comercio desconocían cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones.

El más contundente en las críticas fue el vicepresidente de la CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, que ahora se ha mostrado favorable a la prórroga concedida y ha agradecido a Junts que haya trabajado en ese sentido.

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