Política

La UCO abre una investigación por el presunto soborno de la pareja de Ayuso a Quirón

La UCO investiga una pieza separada que recoge un presunto soborno que ascendería a 500.000 euros a un directivo de Quirón.

La UCO abre una investigación por el presunto soborno de la pareja de Ayuso a Quirón

Los expertos en crimen organizado de la Guardia Civil han abierto una investigación por el presunto soborno de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un directivo de Quirón.

La magistrada encargada del juzgado 19 de instrucción, Inmaculada Iglesias, ha adoptado esta medida que había sido solicitada previamente por la Fiscalía y las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid por "la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", según el escrito que recoge El País.

La intervención de la UCO de la Guardia Civil se produce en el marco de la pieza separada por la que se investiga si el empresario Alberto González Amador sobornó al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, con 500.000 euros.

Compra de una sociedad

El caso investiga la compra al directivo de Quirón Salud, Fernando Camino, de una empresa de estética en diciembre de 2020. Era Círculo de Belleza SL, que carecía de actividad y patrimonio, como recogían los informes de la Agencia Tributaria.

La Fiscalía y las acusaciones de PSOE y Más Madrid sostienen que la compraventa se debía a presuntos favores que Amador debía a Camino. Ambos habían hecho negocios en los años previos. En los meses anteriores de la operación de 2020, Amador se embolsó dos millones de euros como intermediario en la compra de mascarillas por parte de otra empresa de la que Camino es consejero, la gallega Make.

González Amador mantiene que el valor de la empresa se encontraba en la red de contactos de Carrasco con las farmacias de toda España. Asegura que su intención era lanzar el proyecto 'Covid seguro' con un certificado de calidad para los negocios, aunque ese proyecto nunca se realizó. En su lugar, cambió el nombre de la empresa por Masterman & Whitaker y, después, intentó utilizar la sociedad con fines presuntamente defraudatorios en su actividad como consultor sanitario.

El caso forma parte de una pieza ajena a la original que llevó a la apertura de una causa contra Alberto González Amador. Fue en marzo del año 2024 y está relacionada con un presunto fraude fiscal de 350.910 euros.

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