El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y le impone el pago de una multa de 7.200 euros en doce meses.
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García Ortiz estaba investigado por la filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para intentar un acuerdo por presuntamente defraudar 350.000 euros a Hacienda mediante facturas falsas.
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