El estallido del procés y la hoja de ruta aplicada desde la Generalitat han supuesto un completo desafío entre el gobierno regional y La Moncloa sin precedentes durante el último período democrático.
La época de mayor confrontación en la crisis catalana se registró tras la celebración del referéndum independentista del 1 de octubre, momento en el que evidenció la mayor fractura entre las formaciones constitucionalistas y soberanistas.
La muestra de esta grieta también se palpó en la representación de los grupos de la antigua Junts pel Sí en el Congreso de los Diputados, la antigua Convergéncia y ERC. Algunos de sus diputados llegaron a amenazar con abandonar su puesto en esta institución para formalizar la desconexión con el país.
Sin embargo, la entrada en prisión de parte del exgovern y el desarrollo de los acontecimientos terminó con la permanencia de sus diputados en la capital. Una decisión que llegó, según las palabras de Joan Tardá y Gabriel Rufián, "por la necesidad de defender los intereses de Cataluña en Madrid".
La permanencia en el Congreso de los Diputados ha servido para que los miembros de estas formaciones mantengan su sueldo y sus partidos cuenten con las subvenciones que reciben todos los grupos de la Cámara en función del número de escaños que mantienen.
En concreto, la Dirección General de Política Interior otorgará 351.439,11 euros en subvenciones para ERC y otros 282.819,66 euros para el grupo de Convergéncia, en Cataluña JuntsxCAT.
El montante del dinero aprobado se aprobó durante el cuarto trimestre del ejercicio de 2017 y fue publicado en el BOE el 15 de enero de 2018 de manera oficial.
Cambio de hoja de ruta
Mientras tanto, los partidos soberanistas intentan solventar las profundas diferencias que mantienen para conseguir la investidura de un president que garantice la gobernabilidad, termine con el 155 y permita recuperar la autonomía de Cataluña.
Puigdemont cuenta con pocas posibilidades debido a que la ley impide la realización de una investidura telemática. La complicada situación judicial de parte del soberanismo y la prisión de algunos de sus miembros más destacados, ha servido para que las formaciones pospongan sus planes hacia la independencia de Cataluña.
El expresident intentó que el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, aprobara una resolución para permitir una investidura telemática y, posteriormente, completa inmunidad para asistir a los plenos.
Torrent lo impidió, a cuenta de que su decisión puede suponer la apertura de un proceso judicial que le lleve a prisión. Por ello, tanto ERC como Junts per Catalunya están barajando la posibilidad de investir a un candidato alternativo.
