El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación, el pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por un delito de revelación de secretos en la filtración de los correos sobre Alberto García Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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La sentencia se produce después de que los periodistas citados como testigos, y por tanto con obligación de decir la verdad, le desvinculasen de la filtración, que incluso llegó a los redactores antes que a las manos del fiscal general.
"Lo que yo sé y me llevaré a la tumba: no el fiscal general no me filtró nada. Ni esos días ni en 22 años", ha escrito el periodista de elDiario, José Precedo, que había comparecido en la causa contra García Ortiz en calidad de testigo.
Varios de los que hemos pasado (obligatoriamente) por ese Tribunal hoy creemos un poco menos en la Justicia y en el Supremo. Diría que no somos los únicos. En cuanto a lo que yo sé y me llevaré a la tumba: no el fiscal general no me filtró nada. Ni esos días ni en 22 años.
— Jose Precedo (@joseprecedo) November 20, 2025
"Tengo un dilema moral bastante gordo. Yo sí sé quién es la fuente de esta historia que no voy a decir por secreto profesional. No amenazo a nadie pero hay una persona a la que se pide cárcel y que es inocente porque, conozco a la fuente y no lo puedo decir", expresó Precedo ante el tribunal.
En el mismo sentido se pronunció el periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, que también negó en calidad de testigo que detrás de la filtración de los correos que desmentían un bulo de Miguel Ángel Rodríguez se encontrase el fiscal general.
A pesar de todo, la condena es clara y supone la inhabilitación de Álvaro García Ortiz durante dos años, por lo que el Gobierno, que acata la decisión aunque no la comparte, ha anunciado que nombrará un relevo en los próximos días.
Condenado por cinco magistrados conservadores: uno de ellos explícitamente vinculado al PP
La condena a Álvaro García Ortiz se ha aprobado por cinco magistrados conservadores: Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Carmen Lamela, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, algunos con vinculación al Opus Dei y el PP.
Uno de los nombres más polémicos es el de Manuel Marchena. En 2018 fue objeto de polémica por un mensaje compartido por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó en un grupo en el que dejaba en evidencia la separación de poderes: "Controlaremos la Sala Segunda desde detrás", se jactaba en un grupo con 146 senadores del partido.
Este escrito se produjo en defensa del pacto en el que PSOE y PP negociaron el reparto de jueces en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que el PSOE celebró la mayoría de miembros progresistas en detrimento de la Presidencia.
Cosidó defendía la presencia de Marchena porque el pacto con el PSOE otorgaba 9 vocales al PP y otros 11 al PSOE, pero la presidencia suponía lograr 10, con las implicaciones del cargo. Además, celebraba la elección de Marchena como presidente del CGPJ: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional", escribía entonces, " un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".
"Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España", afirmaba el WhatsApp de Cosidó sobre la persona que ahora ha votado a favor de condenar a García Ortiz.
Afines al Opus Dei y asociaciones conservadoras: cinco magistrados conservadores y dos progresistas
Manuel Marchena no es el único miembro conservador que impone una condena al fiscal general. También se encuentra en la lista Carmen Lamela, promocionada durante el mandato de Mariano Rajoy (PP) al Tribunal Supremo, que se alzó con la medalla al mérito policial de la mano de Juan Ignacio Zoido (PP) el 2 de octubre de 2017, días antes de las primeras diligencias a la Generalitat de Cataluña por el referéndum. Además, fue noticia por mantener a Sandro Rosell dos años en prisión provisional a pesar de que luego fue absuelto o por elevar a terrorismo una agresión en Alsasua, algo que luego fue descartado.
Otro de los miembros es Antonio del Moral, vinculado al Opus Dei y miembro de la APM, una organización situada en las mismas tesis que el PP. A la APM también pertenece Juan Ramón Berdugo, que llegó en 2004 a la Sala Segunda con una mayoría conservadora durante el mandato de José María Aznar.
Además, en la lista se encuentra Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal, que llegó con el primer mandato de José María Aznar. Su reciente elección para presidir la Sala se materializó con el apoyo del sector conservador del CGPJ en detrimento de la candidata progresista, Ana Ferrer, y ha participado en la organización conservadora Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Frente a los cinco magistrados conservadores, tan solo había presencia en el tribunal de dos miembros progresistas. Son Suana Polo y Ana Ferrer. Ambas han optado por el voto particular y muestran, por tanto, su apoyo a la absolución.
