El colaborador televisivo, de 69 años, se sentará el próximo miércoles 18 de marzo en el banquillo de los acusados para ser juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía solicita para él cinco años y medio de prisión, el pago de 636.000 euros y una multa adicional de 33.000 euros a Hacienda. Se le atribuyen delitos de alzamiento de bienes y ocultación patrimonial.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Español, el Ministerio Fiscal sostiene que Kiko Matamoros habría diseñado una estrategia para evitar el pago de sus deudas con la Agencia Tributaria y mantener así su elevado nivel de vida.
Kiko Matamoros era consciente de sus deudas
La Fiscalía sostiene que el colaborador era plenamente consciente de sus deudas y de que sus ingresos eran suficientes para afrontarlas, aunque también considera que hacerlo habría supuesto una merma importante de su capacidad económica.
Por ello, según recoge el escrito de acusación, desde 2009 Matamoros habría desarrollado de forma reiterada un comportamiento económico y financiero destinado a evitar que figuraran formalmente ingresos o bienes a su nombre. Es decir, no aparecería como titular ni de propiedades ni de ganancias, con el fin de impedir que pudieran ser embargadas.
Según la acusación, el colaborador habría llevado a cabo un "vaciamiento formal de su patrimonio", aparentando carecer de recursos e ingresos para dificultar, o incluso impedir, que la Agencia Tributaria pudiera cobrar las deudas que mantenía con Hacienda.
La Fiscalía añade además que Matamoros habría recurrido a empresas y contratos interpuestos en el desarrollo de su actividad profesional. De este modo, en lugar de ser contratado directamente como persona física, se suscribía primero un contrato entre la empresa para la que iba a trabajar y una de sus mercantiles. Después se firmaba un segundo contrato entre él y esa misma sociedad, que era la que finalmente le abonaba el sueldo.
Por último, el Ministerio Fiscal señala que también habría percibido ingresos facturados a través de terceras personas, que posteriormente le habrían entregado ese dinero.
Las empresas del tertuliano
La Fiscalía sitúa dos sociedades en el centro del caso: Salto Mortal SL y Silla de Ring SL. La primera, constituida en 2006 por el propio Kiko Matamoros, habría quedado sin actividad real desde 2010, aunque nunca fue liquidada.
La segunda, creada ese mismo año, es la que el Ministerio Público considera clave en la supuesta ocultación de ingresos. Aunque Matamoros solo tenía el 10% del capital, ejercía como administrador único y, según la acusación, utilizó esta mercantil para canalizar y enmascarar dinero procedente de su trabajo en televisión.
Según el escrito fiscal, Silla de Ring SL emitió en 2011 un total de 64 facturas por más de 577.000 euros, a los que se sumaban más de 103.000 euros de IVA. Además, entre 2011 y el primer trimestre de 2015, Matamoros habría retirado de la cuenta de la sociedad una media cercana a 7.000 euros mensuales en efectivo, hasta alcanzar 342.347 euros en algo más de cuatro años.
La Fiscalía sostiene también que ambas empresas carecían de estructura real, ya que no contaban ni con personal ni con medios materiales para desarrollar su actividad. Aun así, sus cuentas habrían servido para asumir gastos personales y familiares del colaborador, desde compras en firmas de lujo como Louis Vuitton, Gucci o Prada hasta pagos en restaurantes, gimnasios, televisión de pago o alquiler de vehículos.
En total, el Ministerio Público calcula que entre 2011 y 2015 entraron en las cuentas de Silla de Ring SL unos 902.000 euros, de los que alrededor de 879.000 se habrían destinado a cubrir necesidades directamente vinculadas al acusado, y no a la actividad de una empresa. Por eso, la Fiscalía considera que esta sociedad actuó como una pantalla para dificultar que Hacienda identificara esos ingresos como personales.
Kiko Matamoros, en la lista de morosos de Hacienda
Matamoros figuró durante años en la lista de morosos de Hacienda. Su primera aparición se produjo en 2016 y la última, en 2022.
En mayo de 2017 llegó a deber 1,2 millones de euros. Por ello, la Agencia Tributaria solicitó una relación de todos los bienes y derechos del colaborador para estudiar la posibilidad de embargarlos.
Makoke también será investigada
Según la Fiscalía, en esta operativa también habría colaborado supuestamente su exmujer, María José Giaever, de 56 años. Para ella, el Ministerio Público solicita una pena algo menor: cuatro años y tres días de prisión.
La acusación la considera cooperadora necesaria en el presunto delito de alzamiento de bienes y reclama que, de forma conjunta con Kiko Matamoros, abone 471.900 euros a la Agencia Tributaria.
