La Audiencia Provincial ha absuelto a los exconcejales del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato de los delitos de prevaricación y malversación de los que habían sido acusados por el Partido Popular en el caso Open de Tenis.
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El tribunal no solo absuelve a los acusados, sino que también condena al PP al pago de las costas por actuar "sin ninguna duda" con "temeridad y mala fe". Los acusados, dice la sentencia, tan solo intentaban "proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales".
"Después de una persecución infame del PP y Villarejo, la sentencia de la Audiencia Provincial nos absuelve y condena al PP por temeridad y mala fe", ha lanzado Sánchez Mato en Twitter. "Gracias a quienes nos habéis apoyado a Celia Mayer, a Ana Varela y a mí. Esta vez los corruptos no han ganado", ha enfatizado.
Después de una persecución infame del PP y Villarejo, la sentencia de la Audiencia Provincial nos ABSUELVE y condena al PP por TEMERIDAD Y MALA FE.
— Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) May 18, 2022
Gracias a quienes nos habéis apoyado a @CeliaMayerD a Ana Varela y a mí.
Esta vez los corruptos no han ganado.
Seguimos ? pic.twitter.com/2HK9dnBcuf
Mayer y Sánchez Mato, en la actualidad asesores en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, denunciaron durante el juicio que el PP buscaba "dañar personal y políticamente a sus contrincantes políticos" en el Ayuntamiento de Madrid.
Los cargos que pedía el PP
El Partido Popular solicitaba cinco años de cárcel y 24 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Transparencia y Justicia no formuló escrito de acusación. Ya entonces la Fiscalía de Madrid no apreció delito alguno y pidió la absolución de los tres acusados.
La denuncia del PP fue motivada por la presunta comisión de un delito de malversación y prevaricación por encargar dos informes externos por valor de 50.000 euros para la celebración del Open de Tenis durante la anterior Alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón.
Supuestamente, y según el Grupo Municipal Popular, los tres acusados habrían encargado "a dedo" y "sin publicidad" a dos equipos de abogados para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón.
