El juez que investiga a Ana Julia Quezada, condenada por asesinar al niño Gabriel Cruz en 2018, por presuntas amenazas de muerte a la madre del pequeño extiende ahora la causa también contra la novia de la condenada.
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Ana Julia está citada a declarar el próximo 23 de julio en el juzgado de Almería por estos hechos. Su situación judicial, por tanto, podría complicarse todavía más, puesto que sobre ella pesa una pena de prisión permanente revisable y no se prevé que abandone el penal hasta que tenga 70 años.
La actual pareja de la asesina del niño Gabriel ya había declarado en calidad de testigo en la investigación abierta a varios trabajadores del penal, que habrían concedido supuestos favores a la detenida, como un teléfono móvil, a cambio de tener relaciones sexuales.
Pero ahora el juez ha extendido la imputación sobre ella y también se encuentra acusada de las presuntas amenazas de muerte contra la madre del menor asesinado. Para ello, ha sido determinante la declaración de otra testigo que compartió cárcel con Quezada, donde aseguró haber escuchado en repetidas ocasiones cómo amenazaba con matar a Patricia Ramírez.
Ante la imposibilidad de no poder llevar a cabo este deseo porque se encuentra encarcelada, Ana Julia Quezada habría sido capaz de utilizar a su pareja para atentar contra la madre de Gabriel porque "está loca por ella".
Amenazas directas
La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunció el pasado 7 de mayo que había recibido amenazas directas desde la prisión de Brieva (Ávila), donde Ana Julia Quezada está cumpliendo la pena de prisión permanente revisable por asesinar a un niño de ocho años.
Como expresó entonces Ramírez, varias personas tanto del interior como del exterior del centro penitenciario le habían transmitido que Ana Julia Quezada expresaba su intención de matarla, y que dichos comentarios se habrían realizado en presencia de otras internas.
Patricia Ramírez aseguró por entonces que había trasladado esta información a las autoridades penitenciarias, judiciales y políticas para que reaccionaran. Sin embargo, tuvo que llevar la denuncia al público porque no había recibido respuesta, por lo que lamentó la "total falta de protección institucional" ante lo que calificó como una "revictimización constante".
