La Administración de Donald Trump continúa dando marcha atrás en todas las cuestiones sociales y sanitarias en las que podría involucrarse la Administración. Después de anunciar la retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o interrumpir la financiación del plan contra el VIH, ahora le toca al cáncer.
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La Casa Blanca tiene ahora como reto dar marcha atrás a la prohibición del amianto. Se trata de un compuesto mineral que, como respalda la evidencia científica, causa cáncer. En Madrid, el Gobierno regional se ha visto obligado a su retirada en las estaciones de Metro después de varios casos en conductores de trenes, al igual que en barrios completos como Orcasitas, donde se han registrado contables casos.
La guerra contra este compuesto se intensificó en Estados Unidos en 2024, cuando se mantenía la administración demócrata de Joe Biden. Por entonces, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), adoptó la prohibición del último amianto que todavía se utiliza en Estados Unidos, el crisotilo, también conocido como 'amianto blanco'.
A pesar de que su uso ya se encontraba en declive, este peligroso compuesto mineral se ha mantenido en juntas, zapatas de freno, frenos o forros de repuesto para automóviles, así como otros productos de fricción para vehículos y algunos diafragmas utilizados para fabricar hidróxido de sodio y cloro.
Esta prohibición llevó a Estados Unidos a unirse a más de medio centenar de países en todo el mundo, que ya habían prohibido su uso en todo el mundo después de haber constatado que su empleo supone un claro riesgo para la salud de la población.
Graves riesgos e intereses comerciales
La evidencia científica ha demostrado que el amianto es un compuesto mineral muy peligroso para la salud. Se han constatado casos de cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de ovario y cáncer de laringe. La exposición al amianto está relacionada con más de 40.000 muertos anuales en Estados Unidos, según indicó por entonces la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
"La ciencia es clara al respecto: el amianto es un carcinógeno conocido por sus graves consecuencias para la salud pública", señalaba el entonces administrador de la EPA, Michael Regan. "Ha afectado la vida de innumerables personas y la EPA se enorgullece de esta tan necesaria prohibición del uso continuo del amianto", expresaba por entonces Regan.
A pesar de que la medida destinada a su eliminación se fue gestando durante décadas y tuvo el aplauso de los defensores de la salud e incluso concedió a las empresas un amplio plazo para su retirada, hasta 12 años, la industria se opuso por los costes.
Desde entonces, se ha mantenido un litigio con varias empresas y grupos comerciales de gran poder económico, que se ha mantenido desde entonces. Ahora, la Administración Trump se ha mostrado partidaria a reconsiderar su prohibición y revertir las políticas en materia de salud pública.
Ya había temor por un movimiento en este sentido tras la llegada de Donald Trump. En el pasado ha apoyado abiertamente el empleo de amianto y en 1997 expresó en su libro 'The Art of the Comeback' ('El Arte de la Recuperación') que el amianto es "100% seguro una vez aplicado", por lo que culpó a la mafia por su reputación como carcinógeno: "Creo que el movimiento contra el amianto fue liderado por la mafia, porque a menudo eran empresas relacionadas con ella las que se encargaban de la eliminación del amianto".
Uno de los grandes beneficiados de los pasos atrás sobre el amianto es Rusia, que es el principal proveedor de este compuesto hacia Estados Unidos. En 2018, una empresa del país eslvo comenzó a vender amianto con el rostro del presidente norteamericano y el lema: "Aprobado por Donald Trump, 45.º presidente de los Estados Unidos".
