Adiós a las ayudas al transporte público en España. El próximo 1 de julio terminarán las actuales bonificaciones del Gobierno de España en colaboración con las Comunidades Autónomas, que incluirán subidas de tarifas como el abono transporte de Madrid, EMT, Cercanías Renfe o Metro de Madrid.
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El final de las subvenciones derivará en incrementos en los precios de títulos como los planes mensuales o los bonos de 10 viajes para todos los usuarios. En todo caso, algunas autonomías mantendrán bonificaciones para algunos colectivos, como jóvenes o pensionistas, sin embargo, la subida será aplicada a prácticamente todos los usuarios.
Ante el fin de las subvenciones al transporte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su preocupación por las consecuencias que puede acarrear en los usuarios. La organización alerta de un posible regreso masivo de vehículos privados a las vías, con mayor tráfico, ruido ambiental, polución o atascos.
Este escenario puede derivar en un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, que se puede plasmar además en un incremento de casos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares o enfermedades de cáncer de pulmón, entre otras.
Alerta por el fin de las subvenciones al transporte: el aviso de la OCU
Ante este escenario, la OCU menciona una encuesta reciente del organismo, en la que se reflejan cambios en la movilidad urbana en Madrid y Barcelona tras la bajada de las tarifas del transporte público a finales de 2022, sobre una muestra de habitantes entre 20 y 74 años.
Por ejemplo, en la provincia de Barcelona, el uso del vehículo privado descendió en un 4% hasta situarse en el 65%. Sin embargo, este contexto no se produjo en Madrid, donde se registró un incremento del 1%, aunque casi la mitad de los conductores alegó que no disponía de una alternativa real al coche, puesto que la media de trayectos alcanza los 21 km frente a los 15 km de Barcelona. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid se ha experimentado un incremento del 10% en el transporte público y del 4% en peatones.
Sin embargo, el apoyo al transporte público crece entre los usuarios. Tres de cada cuatro encuestados en ambas ciudades defiende que este medio es el más eficaz para reducir el tráfico en las grandes urbes. Además, consideran que se deben mejorar cuestiones en el sistema, como la puntualidad o el estado de las infraestructuras, que tienen una valoración media. La OCU señala que las administraciones implicadas deben tener en cuenta este mensjae, sobre todo porque el 70% de los conductores plantearían dejar el coche si el sistema fuera más eficiente.
Por este motivo, la OCU pide que las ayudas no se mantengan solo para jóvenes o mayores, sino que se extiendan al conjunto de la población. Además, reclama fortalecer estos servicios, ampliando las redes, mejorando cuestiones como calidad, conexión y seguridad; así como incorporar carriles bici segregados.
El cambio de movilidad debería, por tanto, situar al transporte público como el pilar de un nuevo concepto de movilidad sostenible, siguiendo la línea de las normativas municipales que exigen zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.
La OCU reconoce que los incentivos para cambiar la movilidad hacia el coche eléctrico pueden ayudar, pero no son una solución realista para toda la población. Por este motivo, el reto fundamental se basa en que el pilar se centre en el metro, autobús, tranvía, coche y bicis compartidas; así como los desplazamientos a pie.
