Nueva crisis en la imagen del rey Juan Carlos. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado formalmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la apertura de una investigación sobre las actividades económicas del rey emérito.
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El requerimiento se produce después de haber tenido constancia que el monarca ha devuelto a varias "amistades" los préstamos que recibió en 2021 para afrontar declaraciones complementarias del IRPF, por un importe total de 4,4 millones de euros, incluyendo intereses y recargos.
El sindicato Gestha señala que el rey emérito seguía siendo residente fiscal en España en 2021, aunque había trasladado su domicilio a Emiratos Árabes Unidos en 2022. El colectivo llama a iniciar una inspección para examinar las condiciones de los préstamos y verificar si por entonces disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero.
Petición a Casa Real
Junto con la petición sobre su residencia fiscal, el sindicato Gestha también pide a la Casa Real que confirme si el monarca cumple con los criterios internos que impiden aceptar préstamos sin interés o regalos en metálico y, en caso de haberlos recibido, si fueron devueltos o donados.
La Fiscalía Anticorrupción ya alertó en 2018 de posibles contingencias tributarias derivadas de la investigación conocida como 'Carol'. También solicitan investigar ingresos procedentes de la venta de derechos para documentales y de supuestas intermediaciones comerciales, así como el origen y ubicación de los fondos en sus cuentas bancarias.
Gestha además alerta de que, si no se activa el procedimiento para fijar la residencia fiscal en España, Juan Carlos I podría quedar en una situación de "doble no imposición". Algo que sucedería si no tributara por rentas mundiales ni en España ni Emiratos, puesto que este país no aplica el impuesto sobre las rentas a las personas físicas.
El convenio de doble imposición entre España y Emiratos establece que solo se considerará residente fiscal al nacional domiciliado en el país, algo que dificultaría que el rey Juan Carlos pueda obtener un certificado válido en este territorio.
Además, la asociación indica que, con la información recabada, la AEAT podría aplicar el artículo 9 de la Ley del IRPF y fijar la residencia fiscal en España, puesto que su núcleo de relaciones personales y económicas sigue vinculada al país. Se trata del mismo criterio que aplicarían a otro contribuyente, por lo que han reclamado evitar que estas situaciones se puedan interpretar como un trato de favor.
