La multinacional de repartos Glovo, que ha acumulado multitud de polémicas por su desafío a las leyes laborales en la contratación de falsos autónomos, ha anunciado que completará la transición a un nuevo modelo laboral el próximo 1 de julio de 2025.
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La compañía dejará, de este modo, de operar con autónomos en tan solo tres semanas. Con este anuncio, la empresa concreta el que ya había realizado en diciembre de 2024 y, más de medio año después, dejará de contar con riders por cuenta propia.
Este sistema de contratación que hasta ahora empleaba la compañía había sido rechazado en el Tribunal Supremo y sancionado desde la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. La compañía realizó aquel anuncio solo un día antes de que el confundador, Oscar Pierre, declarase ante la justicia por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los sindicatos con representación en la empresa recibieron una comunicación de Glovo en la que se anunciaba que, durante el mes de junio, se completaría el envío de 20.000 ofertas de empleo a los repartidores que hasta ahora operaban como falsos autónomos. En todo caso, manifiestan sus recelos con este anuncio, puesto que no sería la primera ocasión en la que Glovo incumple una promesa en esta materia.
Un nuevo modelo de negocio
En el proceso de transición, Glovo ha explicado que ha estado recurriendo a flotas externas para garantizar la operativa en todo el proceso, así como ha recurrido a terceras empresas para testear el modelo laboral y los cambios operativos que realizará desde entonces.
Se baraja, según los sindicatos, el convenio de mensajería de 2006, pero cuenta con tablas desfasadas que supondría para los riders quedarse con el salario mínimo justo. Sin embargo, abre la puerta a una vía legal para la contratación de los empleados.
Esta decisión se produce después de que Glovo haya recibido recientemente un nuevo revés legal. La Comisión Europea ha multado a la empresa con 329 millones de euros, también a su matriz Delivery Hero, por pactar entre ellas cuestiones como no robarse empleados. Es la primera vez que la autoridad de Competencia europea sanciona esta práctica que viola el derecho de los empleados a mejorar sus condiciones laborales, sobre todo en aquellos más cualificados.
