La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está utilizando el ámbito universitario como un nuevo campo de batalla en la política regional. Su nuevo borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) evidencia el ataque a la universidad pública, aquella concebida para el ascensor social o la igualdad de oportunidades, mediante la asfixia económica y el silenciamiento.
-
-
-
-
-
-
-
El nuevo proyecto legislativo, que se suma a la asfixia económica de los campus, concibe un nuevo ataque a la autonomía universitaria. Destaca el régimen sancionador que se incluye, nunca visto en democracia por su potencial represor y que podría chocar con la normativa nacional. Entre otros, se recogen como infracciones "graves" los escraches o manifestarse sin autorización para impedir otra actividad, faltas graves que pretende castigar con hasta 100.000 euros.
Las infracciones "muy graves" del reglamento, que recoge el diario El País, incluye sin especificar en detalle algunas conductas como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra", que castiga entre 100.000 y un millón de euros.
15.000 euros por poner una pancarta
Pero también destacan las sanciones "leves" del nuevo reglamento de la Comunidad de Madrid, que recogen cuantías de multas imposibles de pagar para cualquier alumno que no proceda de unos orígenes privilegiados. Entre otras, el pago de hasta 15.000 euros por el simple hecho de colocar una pancarta no autorizada.
El borrador incluye también las infracciones más graves, de entre 100.000 euros y un millón. Se incluye que un centro de educación superior sin autorización empiece clases, publicidad engañosa sobre el permiso para impartir clase, falsificar documentación para acceder a un estudio superior, impedir la "acción legítima" de las fuerzas y cuerpos del Estado o permitir un "referéndum ilegal".
Hasta el momento, las normativas autonómicas, como las aprobadas en Cataluña y el País Vasco, no recogen castigos disciplinarios para sus alumnos. Si se contempla en regímenes autoritarios, como la Venezuela de Nicolás Maduro, a quien el Ejecutivo de Caracas está recortando la independencia minando su capacidad de administrar los fondos con los que se mantienen abiertas, como recoge El Espectador.
El régimen de Maduro, además, está minando la financiación de las universidades publicas, una situación que está derivando en la asfixia económica de los campus y, también, en la pérdida de independencia de los centros. Es el mismo panorama al que ahora se enfrenta la universidad pública en la Comunidad de Madrid.
Los pasos de Ayuso y Maduro también se ven replicados en la Rusia de Vladímir Putin, donde la asfixia gubernamental ha minado cualquier disidencia crítica en los campus. Y, ahora, en Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, que pone el foco en los campus por las protestas de los estudiantes.
En el caso de la Comunidad de Madrid, la normativa que pretende minar la libertad podría entrar en colisión con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, que aprobó el entonces ministro Manuel Castells. Además, también podría enfrentarse al Estatuto del Empleado Público de 1986.
