Primera imputación por la muerte de ancianos en residencias de Madrid en lo peor de la pandemia. El juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha imputado a dos altos cargos de la Comunidad de Madrid ha citado a Carlos Mur y Javier Peromingo, que fueron clave en los protocolos que descartaban la asistencia hospitalaria de pacientes ancianos enfermos, como han confirmado dos asociaciones de familiares.
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Esta es la primera ocasión, después de cinco años de investigación judicial, en la que se imputa a algún alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la exclusión sanitaria de personas mayores durante la crisis sanitaria. Las familias también acusan a la presidenta de todo lo ocurrido.
Carlos Mur era director de coordinación sociosanitaria en marzo de 2020. En la Consejería de Sanidad se encargaba de la asistencia a las 474 residencias de mayores en la región. Por su parte, Javier Peromingo era jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, y ejerció como enlace entre Mur y el grupo de geriatras que trabajó para elaborar los protocolos. Mur fue destituido en mayo y Peromingo ocupó su puesto.
El equipo de geriatras trabajó durante semanas sobre un borrador, al menos desde el 13 de marzo de 2020. Carlos Mur finalmente firmó cuatro versiones enviadas a sus superiores en la Consejería de Sanidad, entonces al mano de Enrique Ruiz Escudero, así como a los hospitales encargados del traje.
Los documentos descartaban la asistencia hospitalaria para personas dependientes, aunque fueran físicas o mentales, por lo que recomendaban que fueran tratadas en la propia residencia. A pesar de que s esperaba un refuerzo médico en estos centros que anunció el entones consejero, la realidad es que en la práctica no se destinó personal, como reconocieron las propias residencias, y se registró una de las mortalidades más elevadas.
Primeras imputaciones
Hasta la fecha no se había imputado a ningún responsable. Mur y Peromingo habían sido citados como testigos en varios juzgados, pero no se había dado el paso de la imputación hasta ahora. La investigación está fragmentada en multitud de órganos judiciales, dependiendo de la ubicación de las residencias donde estaban los fallecidos.
Esta imputación llega tras una nueva denuncia de las familias, que presentaron ante la Fiscalía en abril, a punto de cumplirse el plazo de prescripción de cinco años. Con esta nueva acción judicial, las familias piden investigar el delito de denegación de asistencia sanitaria, un servicio público. Desde 2020 se han contemplado diversos delitos como homicidio, omisión de socorro o prevaricación.
Las asociaciones que han anunciado esta imputación son 7291:Verdad y Justicia, así como Marea de Residencias. Ambas plataformas han protagonizado durante los últimos cinco años una batalla judicial representando a multitud de familiares de víctimas, a los que han facilitado asesoramiento legal en esta batalla.
