El hombre asesinado a las puertas del Colegio Americano de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Andréi Portnov, contaba con un amplio historial a sus espaldas por el que no era ajeno a la inteligencia estadounidense. En el pasado llegó a ser ministro en su país y había sido un gran aliado del ex presidente prorruso Viktor Yanukovich. Son ampliamente conocidas sus maniobras para controlar la justicia ucraniana y para reprimir las protestas del Euromaidán, que acabaron con casi un centenar de muertos y en las que el país expresó su voluntad de virar hacia Occidente.
-
-
-
-
-
-
-
Portnov residía en España, al menos, desde 2024. A pesar de que había regresado a su país en pleno estallido de la invasión rusa, en 2022, primero se instaló en Turquía y después se pierde su paradero, pero se cree que también viajó durante una temporada a Austria.
Su nombre, como abogado y político ucraniano, aparece registrado en un tramo censurado del informe oficial de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, relativo a la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. En dicho informe se apela a los vínculos entre Rusia, Ucrania y varios emisarios cercanos a la campaña de Donald Trump en 2015.
Este y otros documentos oficiales del país norteamericano reflejan claramente que Portnov era un aliado fundamental de la facción rusa en Ucrania y que, a ojos de la inteligencia de Estados Unidos, comenzó a trabajar en apoyo del Kremlin desde la invasión de Crimea y Donbás en 2014.
Vínculos prorrusos
El volumen cinco del informe identifica a Portnov, nacido en la región ética rusa de Lugansk, el 27 de octubre de 1973, como asociado de Konstantin Kilimnik, un consultor ruso-ucraniano que trabajó estrechamente junto al jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, durante más de una década, sobre todo en Ucrania. Kilimink era su principal enlace con oligarcas y formaciones de carácter prorruso, incluyendo al ex presidente Víctor Yanukovich.
El informe del senado describe a Kilmink como un agente de inteligencia ruso y su relación como Manafort, jefe de campaña de Trump, como "grave amenaza". Manafort, en plena campaña en agosto de 2016, compartió con Kilimnik datos internos de estrategias y encuestas políticas sobre las elecciones en el país.
El nombre de Portnov aparece en varias ocasiones durante la conversación, según el informe elaborado en 2020. Antes de la caída del ex presidente Yanukovich, Portnov ocupaba cargos de relevancia en su Ejecutivo y tenía mano directa para hacer a su antojo en el sistema judicial del país. Además, copresidía el Grupo de Trabajo sobre Estado de Derecho en el marco del Diálogo Político entre Estados Unidos y Ucrania, según publica el diario ABC.
En 2013 se reunió en Kiev con el subsecretario adjunto de Estado Thomas Melia, la directora regional del Departamento de Justicia Catherine Newcombe y la administradora adjunta de USAID Paige Alexander. En el encuentro abordaron las reformas judiciales para un nuevo acuerdo de asociación con la Unión Europea, que Rusia boicoteaba y rechazaba en todo momento.
Con la llegada de gobiernos pro europeos a Ucrania, las autoridades del país empezaron a seguir de cerca a determinadas figuras alineadas con Rusia. La inteligencia estadounidense señala que Kilimnik pedía apoyo a la campaña de Trump para frenar procedimientos contra Porntov, que estaba investigado por la represión del Euromaidán y corrupción. La situación fue perfecta para él: los tribunales rusos desestimaron las acusaciones en 2014 y finalmente Portnov quedó totalmente libre de cargos en su país.
La situación para Portnov, sin embargo, se complicó en 2021, bajo el mandato de Joe Biden. Primero, se sanción a Kilimnik por proporcionar datos sensibles de la campaña de Trump a la inteligencia rusa y la desinformación. Además, Portnov también fue sancionado por corrupción en su país, aunque no volvió a ser imputado en Ucrania. Los documentos señalan que mantuvo vínculos con el poder en Ucrania a través de un complejo sistema de sobornos, manipulando el sistema judicial.
Otro enfrentamiento con Estados Unidos se produjo en 2019, cuando Portnov publicó en Telegram datos personales y matrículas de coches de Radio Liberty, un medio que financiaba Estados Unidos en Ucrania y que fue cerrado por los recortes de Donald Trump. El informe calificó aquel movimiento como un intento de intimidar la labor de los periodistas y una amenaza a la libertad de prensa.
