El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha intensificado su lucha contra los anuncios ilegales para el alquiler de pisos turísticos en la plataforma Airbnb. Después de tres resoluciones durante los últimos meses en las que detectó 65.935 anuncios ilegales e instaba a su retirada, el departamento de Pablo Bustinduy (Sumar) ahora ahonda después de recibir el aval de la justicia.
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La orden llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya desestimado un recurso de Airbnb contra la primera resolución de Consumo, que afectaba a 5.800 anuncios de viviendas turísticas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.
Por este motivo, Consumo ha instado a la filial irlandesa de Airbnb, que gestiona todo el negocio en el Viejo Continente, a bloquear más de 65.935 anuncios ilegales en su plataforma, que se corresponden a todas las ofertas que se habían detectado en las resoluciones inicialmente impugnadas.
Consumo reclama su retirada porque incumplen la normativa sobre la promoción de vivienda turística, incluyendo el número de licencia o registro, que es obligatorio en varias de las autonomías sobre las que se ha realizado este estudio para detectar irregularidades.
Además, los anuncios no precisan la naturaleza jurídica del propietario. Esto es fundamental, puesto que si los caseros son profesionales o particulares tiene relevancia en cuestiones como saber si el inquilino está protegido en caso de cualquier contratiempo.
El Ministerio tiene abierto un expediente con varias gestoras por simular que eran personas particulares para alquilar sus viviendas. De este modo, se evitan la obligación de contar con un servicio de atención al cliente o el rechazo de gran parte del sector que ve incumplida la naturaleza de Airbnb de fomentar la economía colaborativa.
Madrid aplaude la medida
La decisión de Consumo ha generado el aplauso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha defendido "etstrangular" la comercialización de viviendas ilegales. Además, mantiene que la decisión del TSJ evidencia que el Gobierno central tiene la competencia y no los ayuntamientos, que son "el último eslabón de la cadena".
Madrid es la ciudad de España con más pisos turísticos en total. Son más de 16.300, de los cuales 15.200 operan al margen de la legalidad. El Ayuntamiento también se prepara para aprobar el denominado Plan Reside, que busca concentrar la oferta de vivienda vacacional en el centro de la capital y edificios especialmente adecuados para ello.
