El acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar se compromete a desarrollar la Ley de Memoria Democrática con un objetivo sobre el horizonte: culminar definitivamente la resignificación del Valle de los Caídos como un monumento civil en el marco de la Ley de Memoria Democrática, impulsar las exhumaciones y garantizar el "reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de la memoria".
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El documento firmado por ambas formaciones recoge el compromiso: "Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignifcación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria".
La Ley de Memoria Democrática recogía el objetivo de modificar el nombre de Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros y, además, resignificar este lugar "como un lugar de memoria democrática destinado a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el período histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos".
La norma también impide llevar actos de naturaleza política o exaltación de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Además, las criptas adyacentes y enterramientos tendrán carácter de cementerio civil y solo podrán yacer aquellas personas fallecidas por el conflicto, en memoria de lo sucedido.
Sin honores
La ley también recoge el fin de determinados organismos que han crecido junto a este monumento. La Fundación de la Santa Cruz Del Valle de los Caídos no podrá continuar realizando sus labores al resultar contrarios a la Constitución, resalta la norma.
Además, el Ejecutivo está retirando algunos de los honores que todavía mantiene el dictador, entre ellos, la Medalla al Trabajo, una orden que se ha extendió en julio a otros ocho altos cargos del régimen en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Por último, el Gobierno intenta zanjar este episodio de la historia con la ilegalización de la fundación que exalta una dictadura con más de 150.000 muertos en España. Se trata de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), que mantiene actualmente un pulso legal con el Ejecutivo por su extinción.
