Se vuelve a poner sobre la mesa la aprobación del conocido como 'pin parental', en esta ocasión, en Andalucía. Javier Imbroda (Ciudadanos), consejero andaluz de Educación y Deporte, junto con el apoyo de Alejandro Hernández, portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía, firmaron el pasado miércoles 10 de febrero un acuerdo para que sean los padres quienes decidan si sus hijos pueden o no asistir a las actividades complementarias que propongan los colegios.
El objetivo que plantea este acuerdo, al cual ha tenido acceso Efe, es "salvaguardar la libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente". En otras palabras, en último término se busca que los padres puedan decidir si los niños y niñas pueden asistir a charlas o actividades que hablen o traten la naturaleza de la diversidad.
Aunque en Andalucía no se esté utilizando la denominación de 'pin parental', este objetivo recuerda al que también quiso impulsar VOX en Murcia a principios de 2020, junto el apoyo de la asociación homófoba y tránsfoba Hazte Oír.
Ya hubo un intento de 'pin parental' en Murcia
En su día, una de las razones por las que Santiago Abascal defendía esto era porque consideraba que "la enseñanza de juegos eróticos está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores".
Esto no solamente es incierto, sino que denominar 'juegos eróticos' a la enseñanza en la diversidad familiar y afectivo-sexual es LGTBfobia. Tal y como defienden muchos colegios públicos que se autodenominan 'escuelas inclusivas', "las aulas deben ser espacios seguros y libres de toda discriminación y deben garantizar que el personal escolar reciba formación para prevenir y actuar contra cualquier tipo de ataque a la diversidad". Es por esta razón por la que en diversas comunidades autónomas ya existe el papel del Coordinador de Igualdad y Convivencia, para garantizar esta integración.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente la resolución autonómica que quería establecer el veto, dado que consideraba que la "no realización por lo alumnos de una actividad obligatoria y evaluable por no autorizarlo sus progenitores" podría suponer un claro perjuicio para el niño.
La Junta de Andalucía contra la Ley Celaá
La Consejería, liderada por Imbroda (Ciudadanos), tiene como objetivo impulsar, durante el periodo de sesiones actual, "los cambios normativos para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo", buscando establecer "un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".
El acuerdo del 'pin parental' andaluz se ha firmado el mismo día en el que se ha convalidado el decreto-ley, apoyado por VOX al PP y Ciudadanos, que pretende modificar el proceso de escolarización y adaptar la admisión del alumnado a la Ley Celaá. Por tanto, ahora se plantean dos opciones: que el veto parental salga adelante, con los perjuicios que eso conlleva, o que se vuelva a tumbar, como ya pasó en Murcia.
