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VOX propone un referéndum para ilegalizar los partidos independentistas

La formación ultra pretende ilegalizar partidos como Bildu, ERC, JxCat o la CUP al considerarlos contrarios a la existencia de España y su soberanía.

VOX propone un referéndum para ilegalizar los partidos independentistas

No es la primera vez que VOX propone ilegalizar partidos independentistas. Así lo defenderá de nuevo, esta vez en el pleno del Congreso, pidiendo celebrar un referéndum en todo el país para borrar a formaciones como EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junto per Catalunya (JxCat) o la CUP.

Los de extrema derecha consideran que estos partidos son contrarios a la existencia de España y de su soberanía lo que, según ellos, justificaría su ilegalización. Además, aprovechan para criticar los acuerdos alcanzados por el Gobierno con estos grupos.

"Los enemigos de España actúan con la complacencia del Gobierno a sabiendas de que pueden hallar en él un aliado", defienden los de Santiago Abascal. "El Gobierno actúa como una marioneta en manos de separatistas y filoterroristas que obtienen a cambio de su apoyo concesiones, influencia y transferencias que se traducen en perjuicio a la igualdad de los españoles", agregan.

En su propuesta, VOX pide que el Gobierno haga uso del artículo 92 de la Constitución y que convoque un referéndum para "consultar a los españoles si quieren la ilegalización de partidos separatistas y de aquellos que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía, así como preguntar aquellas cuestiones con especial trascendencia para adecuar la política del Gobierno a los verdaderos intereses de la Nación".

A parte del referéndum, VOX incluye una propuesta para modificar la Ley de partidos y con ello "facilitar la ilegalización de formaciones políticas que sean contrarios a la existencia misma de España y de su soberanía".

Delito de referéndum ilegal

VOX también aprovecha la moción para instar al Gobierno a recuperar el delito de la convocatoria ilegal de referéndum. Este tipo legal fue impulsado por el Gobierno de José María Aznar (PP) en 2003 tras el 'Plan Ibarretxe' pero dos años después, en 2005, fue eliminado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Los ultras emplazan al Gobierno a despojar a las Comunidades Autónomas de las competencias sobre Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia considerando que este es el "único medio" para que haya "igualdad" entre españoles y "solidaridad" territorial.

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