El presidente del PP, Pablo Casado, ha publicado un tweet en el que pide a Pedro Sánchez "cesar a los ministros que justifican la kale borroka", a raíz de las protestas violentas que se están produciendo tras la detención del rapero Pablo Hasél. "Hay que recordar que la ley de partidos responsabiliza a los que alientan a la violencia", ha concluido Casado. Algunos miembros de Unidas Podemos como Pablo Echenique, han apoyado las protestas en su cuenta de Twitter.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad arriesgan su vida por defender la nuestra, la ley y la libertad.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 21, 2021
Sánchez debe cesar a los ministros que justifican la kale borroka. Y hay que recordar que la ley de partidos responsabiliza a los que alientan la violencia.#YoDefiendoalaPolicía pic.twitter.com/Fpdb2is8UU
En una entrevista en COPE, Teodoro García Egea, Secretario General del PP ha seguido en la misma línea y ha declarado que Sánchez tiene ahora mismo "a la mitad del Gobierno incendiando la calle". "No podemos tener un partido que está alentando este tipo de comportamientos, por eso nosotros hemos pedido que se inste a la aplicación de la ley de partidos", ha apuntado García Egea. "No puede ser que el Gobierno de España defienda más a un rapero que a un autónomo o un hostelero", ha concluido el Secretario General del PP.
La respuesta de Unidas Podemos
Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos y comunes en el Congreso, ha contestado a García Egea en un tweet. "Señor García Egea, con la ley de partidos en la mano quien más ha trabajado para su disolución es el PP", reza el mensaje. "Tiene todavía a centenares de corruptos condenados o imputados".
Señor García Egea, con la ley de partidos en la mano quien más ha trabajado para su disolución es el PP. Jueces y policía lo calificaron de "organización criminal", y tiene todavía a centenares de corruptos condenados o imputados. pic.twitter.com/9oZo7pFfFm
— Jaume Asens (@Jaumeasens) February 22, 2021
La ley de partidos, que fue aprobada en 2002, establece que "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático", mediante algunas conductas realizadas de forma "reiterada y grave".
