El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un plan compuesto por 15 medidas anticorrupción elaborado conjuntamente con Sumar y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La iniciativa surge tras la detención del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una trama de presunto amaño de contratos públicos en el seno del Ministerio de Transportes.
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El plan por el que apuesta el presidente cuenta con "propuestas de foro de Gobierno abierto y recomendaciones de la Comisión Europa", del que Pedro Sánchez ha defendido que representa "la mayor lucha contra la corrupción en décadas en nuestro país".
La propuesta de Pedro Sánchez se levanta sobre cinco ejes que afectan a empresas, partidos políticos y ciudadanía. Además, Sánchez ha anunciado un acuerdo con la OCDE que se materializará cada 14-24 meses y que incluirá un análisis sobre resultados y eficacia de las medidas.
Prevención y fortalecimiento de controles
El primer punto del plan se centra en la prevención de los riesgos y el fortalecimiento de los controles en la lucha contra la corrupción. Esta propuesta incorpora seis medidas. Entre ellas, una Agencia de Integridad, Pública e Independiente, que será clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, ya propuesta por la OCDE.
Además, se extenderá la metodología de los fondos Next Generation a toda la Administración, empleando la IA para detectar puntos críticos. También se exigirán sistemas de 'compliance' a empresas para contratar con administraciones. Además, se prevén pactos de integridad para contratos públicos siguiendo el modelo de otros países europos.
El plan del presidente del Gobierno también incluye una nueva legislación de Administración abierta y controles patrimoniales a altos cargos de manera anual para evitar beneficios ilegítimos. También se refuerzan los controles a partidos políticos, incluyendo auditorías externas.
Denunciantes de corrupción
El segundo eje del plan se centra en la defensa y protección de aquellas personas que deciden denunciar los casos de corrupción. El presidente ha aludido a la Ley 2/2023 para la protección de los informantes, así como la propuesta de que que las empresas y administraciones públicas cuenten con un sistema efectivo con un canal para presentar denuncias, que formarán parte de un sistema general e integral.
Refuerzo de los medios del Estado para investigar corrupción
El tercer eje del plan se centra en un refuerzo de los medios del Estado para combatir casos de corrupción. Por este motivo, se prevé crear secciones especializadas en delitos contra la Administración en nuevos tribunales de instancia, así como formación específica para los jueces.
También se prevé otorgar con carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos, así como un refuerzo continuo de la Fiscalía Anticorrupción. También se menciona un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con una reforma estructural del modelo de instrucción penal, que será competencia del ministerio fiscal.
El plan también contempla un endurecimiento de penas por delitos contra la Administración y duplicar los pasos de preinscripción. En cuanto a constructoras, se prevé la creación de listas negras para contratación en empresas condenadas por corrupción, aumentar sus multas y retirar subvenciones a partidos que mantengan en sus estructuras a personas condenadas.
Devolución de lo robado
El cuarto eje del plan de Pedro Sánchez está centrado en devolver todos los bienes robados en corrupción, con el objetivo de reparar el daño causado. Para ello, se prevé aumentar medios y plantilla de la oficina de gestión de activos, con una mejor colaboración con la Justicia. También se prevé incluir la figura del decomiso administrativo preventivo para incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa.
Cultura de integridad
Por último, el plan anticorrupción de Pedro Sánchez también prevé medidas para fomentar una cultura de integridad, que reconoce que llevará tiempo. En este caso, contempla estudios demoscópicos anuales específicos sobre la corrupción, campañas de concienciación ciudadana, promover los canales de denuncias y reforzar la formación de los empleados de la función pública en el ámbito de la corrupción.
