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Multado en Valencia tras denunciar a la Policía que una prostituta no completó sus servicios

El Ayuntamiento de Albal se ha convertido en pionero en la lucha contra la prostitución al imponer sanciones de este tipo.

Multado en Valencia tras denunciar a la Policía que una prostituta no completó sus servicios

La Policía Local de Albal, una localidad de la provincia de Valencia que cuenta con 16.500 habitantes, ha impuesto una multa de 800 euros contra un hombre que había acudido para denunciar a una prostituta por no haber terminado sus servicios.

El hombre había acudido a denunciar a esta prostituta después de que esta le cobrase 30 euros y que no terminara de realizar los servicios por los que le estaba cobrando, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Los policías le informaron de la existencia una ordenanza municipal que multa a los puteros con hasta 800 euros. Este caso se trata del primer expediente sancionador por consumo de servicios sexuales en la vía pública.

Pionera en la lucha contra la prostitución

Albal ha sido pionera en la lucha contra la prostitución y la trata de personas después del asesinato de Florina Gogos, una joven de 19 años que desapareció el año pasado cuando ejercía la prostitución en Albal y cuyo cadáver encontraron unas semanas después en una acequia.

El caso provocó una auténtica reacción en el municipio, que contó con el apoyo de otros Ayuntamientos situados también a lo largo de la V-31 y en los que también está muy presente la explotación sexual. Además, no era el primer caso, en 2004, otra joven, Ivana, apareció muerta justo en el mismo lugar donde se vio a Florina con vida por última vez.

Estos hechos motivaron que el Ayuntamiento decidiese endurecer a mediados del año pasado la ordenanza municipal de convivencia y buen gobierno incrementando las multas a los clientes de estos servicios a los 800 euros e incluyendo también en este grupo a los proxenetas.

El cambio en la ordenanza fue aprobado por unanimidad por el pleno municipal de Albal y recogía también la prohibición de divulgar publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual como, por ejemplo, colocar en coches tarjetas que anuncian estos prostíbulos, una acción que se multa con hasta 350 euros.

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