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PP, VOX y Cs pactan multas de hasta 3.000 euros a personas sin hogar y que ejerzan la prostitución en Alicante

VOX se compromete a aprobar los presupuestos municipales a cambio de la aprobación de esta normativa.

PP, VOX y Cs pactan multas de hasta 3.000 euros a personas sin hogar y que ejerzan la prostitución en Alicante

Redacción

16 Febrero 2022 11:13

Ofrecer prácticas sexuales, llevarlas a cabo, solicitarlas, negociarlas o aceptarlas directa o indirectamente será castigado en Alicante con multas desde los 750 a 1.500 euros. La pena estará dirigida también para las personas sin hogar: realizar conductas bajo apariencia de mendicidad que sean consideradas como coactivas o de acoso tendrá la misma pena. Y aumentará hasta los 3.000 euros si quienes piden en la calle bajo esta consideración son personas discapacitadas o menores de edad.

Los principales señalados en estas sanciones son, en definitiva, las mujeres que ejerzan la prostitución, mendigos y personas sin hogar, que podrán ser multados por la Policía Local de Alicante tras la aprobación de una ordenanza municipal de convivencia cívica pactada por el equipo de Gobierno del Consistorio, una coalición de PP y Ciudadanos sostenida por VOX.

El apoyo de PP y Ciudadanos a esta medida no es gratis. VOX ha cambiado repentinamente de postura y ahora se ha abierto a apoyar los próximos presupuestos municipales, en los que se contemplan una gran serie de recortes en ayudas sociales.

La aprobación se ha realizado en un pleno celebrado por vía telemática. PP, Ciudadanos y VOX han sumados sus apoyos hasta alcanzar los 16 votos a favor, frente a los 13 en contra de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.

La normativa entrará en vigor en los próximos 15 días después de su publicación en los boletines oficiales, tal y como establecen los cauces legales. Además de castigar a personas que ejercen la prostitución y personas sin hogar que ejercen la mendicidad, la norma también contempla sanciones por caminar por la calle sin camiseta, escuchar música en el coche demasiado alto, hacer pintadas, practicar acrobacias con patines y monopatines en zonas no habilitadas e incluso jugar al balón en horas impropias.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha justificado que la norma es similar a la que promulgaron "ciudades como Barcelona o Valencia" y que responde a una "petición unánime de los alicantinos" para que la ciudad tenga "un orden".

González también defiende que la norma "no va contra las personas, sino contra las mafias y la gente que prostituye a las mujeres" y afirma que no todo se soluciona con una multa, sino que se ofrece a los más vulnerables "ayuda de los servicios sociales". Bien es cierto que otras ciudades, como Madrid (aprobado por Ana Botella), castigan únicamente a aquellos que intentan contactar con una persona que ejerce la prostitución, nunca a la persona que se encuentra en esta situación.

La ordenanza también incluye varios artículos en los que se menciona que las personas que ejerzan la mendicidad, las personas sin hogar y quienes se encuentren en situación de prostitución recibirán el apoyo necesario. Además, se contempla que los infractores "podrán solicitar" que algunas de las sanciones "puedan sustituirse" por charlas, cursos, programas de formación o realización de actuaciones sociales comunitarias.

Más de 40 asociaciones, entre ellas Cáritas, Médicos Sin Fronteras y los principales sindicatos han presentado alegaciones contra esta norma que han sido rechazadas de plano. "La ordenanza nace de espaldas a la ciudadanía y sin consenso", denuncia el portavoz municipal de Podem, Xavier López. Los partidos de la oposición ponen el foco de la normativa en el aspecto sancionador antes que en la ayuda social y denuncian que se ha aprobado como una contrapartida a los presupuestos.

Recorte en partidas de igualdad, LGTBI, cooperación internacional e inmigración

La norma ha sido apoyada como parte de la serie de contraprestaciones que el equipo de Gobierno ha firmado con VOX para sacar adelante los presupuestos. La formación de Santiago Abascal se congratula de haber impulsado un recorte en partidas de igualdad, LGTBI, cooperación internacional e inmigración como contrapartida.

A juicio del portavoz municipal de la extrema derecha, Mario Ortolá, las cuentas reducen "una carga ideológica que, a pesar de estar bajo mínimos por nuestras exigencias en años anteriores, sigue presente por el capricho de Partido Popular y Ciudadanos".

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