La Plataforma en Defensa del Transporte ha convocado una huelga indefinida a nivel nacional por el incumplimiento de la ley que prohibe que trabajen a pérdidas por parte de los cargadores, sus clientes, y también por la falta de control en su aplicación. Esta protesta comenzará la medianoche del domingo 13 al lunes 14 de noviembre.
El presidente de la organización, Manuel Hernández, ha asegurado que el paro indefinido se enmarca en el aumento de los costes d producción y en que los transportistas no cubren gastos. La huelga ha sido secundada por casi la mayoría de los votos de las asambleas provinciales, concretamente por un 86% de las mismas. Tan solo un 12% se han posicionado en contra y el escaso 2% restante se ha abstenido.
Además, Hernández ha instado a agricultores y ganaderos a que se unan a la huelga para reclamar al Gobierno que "sea responsable y evite lo que está por venir".
La ministra de Transportes ruega "responsabilidad"
La posibilidad de paro ha puesto en alerta al Gobierno. Ante esto, Ráquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha mostrado claramente preocupada por la situación porque "no nos podemos permitir un nuevo paro" teniendo en cuenta los daños millonarios que supusieron las movilizaciones del pasado marzo para empresas y distribuidores. Por ello, ha pedido al sector del transporte "responsabilidad".
Asimismo, Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo ha "cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte". En este paquete de medidas que ofrecía el Gobierno cuando dio luz verde a la Ley de La Cadena de Transporte en agosto sobresalen la prohibición de que los transportistas trabajen a pérdidas; un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga; el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas alega que estos cambios no han tenido lugar y denuncian este incumplimiento. Ante esto, la ministra ha asumido que es cierto que pueden haberse dado "pequeños desajustes" que se "pueden reconducir". Para solventar la problemática, ha señalado que el Ministerio está preparando un plan de inspección en el sector donde se reforzarán los mecanismos de supervisión y que este será anunciado a lo largo de "las próximas semanas".
Sánchez también insiste en "que se denuncien los casos en los que no se está cumpliendo la normativa". Según ella, "es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros".
